En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, la Cámara de Diputados aprobó que los estudiantes de 3° y 4° medio que sean sancionados por hechos violentos en el marco de la Ley Aula Segura, no puedan acceder a la gratuidad para sus estudios superiores.
La indicación aprobada detalla que “los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso”.
La norma fue respaldada con 76 votos a favor, 53 en contra y tres abstenciones. El diputado del Partido Comunista (PC) Boris Barrera se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial.
“Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas”, comentó Barrera.
El parlamentario dijo que esta medida implica un “castigo desproporcionado” y llamó a “atender los problemas, no profundizarlos en medidas como estas”.
“Esto demuestra sólo el desprecio de la derecha con la gente pobre, de los sectores medios, hijos e hijas de esforzados trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones de pagar una carrera universitaria”, agregó.
