El Senado respaldó por unanimidad la solicitud presidencial para prorrogar, por 90 días más, el sistema constitucional de infraestructura crítica en la Macrozona Norte, que autoriza a las Fuerzas Armadas a ejercer tareas de resguardo de las fronteras. La medida especial de resguardo regirá hasta el 12 de febrero próximo.
La solicitud también fue aprobada por la Cámara de Diputados y apunta a contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.
Recuperar la tranquilidad
Durante el debate de la Cámara Alta, los senadores Enrique Van Rysselberghe, José Miguel Durana y Kenneth Pugh manifestaron su preocupación por el resguardo que, según enfatizaron, “debe ser una prioridad para nuestro país”.
Declararon que, “el control migratorio es un factor determinante para recuperar la tranquilad y seguridad pública”, y agregaron que el control fronterizo debe ser más exigente, “principalmente por los ilegales”, ante actos que afectan la seguridad y la salud de la comunidad.
Reconocieron que el desplazamiento masivo de personas “es una situación compleja en la región”, que “requiere de algo más profundo que renovar un estado de excepción”, por lo que instaron a mayor capacidad de inteligencia”, más allá de las FF.AA..
En otro orden, se planteó la necesidad de continuar con resguardos en la macrozona sur, ante una futura desescalada de fuerzas armadas, anunciadas durante la última renovación. Además, se dejó constancia de la preocupación sobre los recursos de la ley de presupuestos para las FF.AA., “qué solo alcanzan a financiar el 23% de los soldados”, señalaron algunos legisladores.
Fuerzas militares en la frontera
En tanto, en la discusión de la Cámara Baja, el diputado de la Bancada Republicana, Renzo Trisotti, relevó la necesidad de mantener fuerzas militares en la frontera y manifestó que se requieren nuevas facultades y recursos adicionales.
A pesar de la implementación de medidas durante dos años y nueve meses, el parlamentario dijo que persisten problemas como órdenes de detención no ejecutadas, falta de infraestructura y legislación adecuada. Afirmó que se requiere una acción decisiva del Gobierno para abordar el control migratorio y hacer frente a la situación en la frontera.
“Es ahí donde está el problema, es ahí donde el gobierno sigue con 30.000 órdenes de detención sin ejecutar, con expulsiones por goteo, sin noticias aún de qué cuál es la decisión final con Bolivia para poder lograr las reconducciones, con falta de infraestructura comprometida hace más de dos años, me refiero a la comisaría de Colchane, con una necesidad del fortalecer las dotaciones en el complejo fronterizo de Colchane”, comentó el congresista.
Por su parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, resaltó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están trabajando arduamente en condiciones adversas para proteger la soberanía en las fronteras.
La autoridad reconoció su labor y la legalidad de sus funciones según la reforma constitucional. Además, afirmó que se están realizando inversiones en tecnología y recursos para mejorar la seguridad fronteriza a través del proyecto SIFRON, que se coordina con el Comando Conjunto Norte.
La secretaria de Estado invitó a los parlamentarios a participar en las comisiones de defensa para discutir estos temas de manera más detallada y privada.
“La Fuerza Armada que resguarda nuestras fronteras cumple las funciones por lo cual fue habilitado durante la reforma constitucional que fue aprobada por este Congreso con aquellas atribuciones y eso se ha cumplido a cabalidad. Siempre podemos obviamente revisar y es parte de lo que hacemos las comisiones tanto de defensa en la Cámara de Diputados como en el Senado permanentemente”, agregó Fernández.
Resguardo fronterizo en la Macrozona Norte
Recordemos que esta es la sexta renovación que se realiza del decreto supremo de infraestructura crítica en la Macrozona Norte, siendo aprobada inicialmente por la corporación en enero de 2023 y publicado de manera oficial el 24 de febrero del año pasado.
En concreto, el decreto permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte, medida que puede ser renovada por un plazo también de 90 días con el acuerdo del Congreso, mientras siga existiendo el peligro “grave o inminente” que dio lugar a su dictación.
El texto del proyecto señala que “se ha buscado disponer de todos los mecanismos necesarios para mejorar la vigilancia de las fronteras, de forma de asegurar un adecuado control migratorio en Chile que permita, por un lado, controlar los niveles de migración y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ella y, por otro, asegurar la protección necesaria de la vida, la integridad física y la seguridad de quienes ingresen a nuestro país y de los habitantes de estas áreas”.
A su vez, el decreto entrega atribuciones a las Fuerzas Armadas para “contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.
