El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique dictaminó que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) en Tarapacá deberá indemnizar a Susana Bustos, exfuncionaria que denunció maltrato laboral y despido injustificado, con una suma cercana a los 30 millones de pesos.
Bustos, quien había trabajado en Fosis desde 2014, presentó su denuncia contra la directora regional, Jenny Rojas Muñoz, señalando que el trato recibido afectó su salud mental y la llevó a solicitar licencias médicas.
A su regreso al trabajo, Bustos fue notificada de una solicitud de Fosis ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para evaluar su estado de salud, la cual concluyó que era recuperable.
Sin embargo, la funcionaria fue transferida a un nuevo departamento bajo la jefatura de una persona previamente denunciada por ella. Además, se le negó el derecho a teletrabajar y, aunque su contrato fue renovado, fue despedida al día siguiente, alegando “salud incompatible con el cargo”.
El 12 de noviembre de 2024, la jueza Catalina Casanova resolvió que el despido de Bustos fue discriminatorio y ordenó a Fosis pagar una indemnización de seis remuneraciones (cerca de 10 millones de pesos) por vulneración de derechos fundamentales, además de doce remuneraciones por lucro cesante (aproximadamente 20 millones de pesos), incluyendo reajustes e intereses legales.
Bustos expresó su satisfacción con el fallo y destacó que este resultado representa también a otros trabajadores de Fosis que podrían haber enfrentado situaciones similares sin denunciar por temor o desconfianza en el sistema.
