El fiscal adjunto de Iquique, Juan Zepeda, presentó formalmente la acusación en contra de los 15 imputados en el denominado Caso Cajas de Alimentos por su participación en calidad de autores de los delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones, todos en grado de consumado.
Según los antecedentes del Ministerio Público, en el año 2020 se coludieron funcionarios de la Intendencia y el Gobierno Regional (GORE) con empresarios locales para cometer actos de corrupción que causaron un perjuicio fiscal para Tarapacá de $500 millones por el “sobreprecio” de $10.000. por cada caja de alimento adjudicada y entregada durante la pandemia COVID-19.
El libelo acusatorio, al que tuvo acceso Radio Paulina, fue presentado el 15 de noviembre ante el Juzgado de Garantía de Iquique y se da luego de que se pidiera el cierre de la investigación el pasado 5 de noviembre. El documento evidencia hechos delictivos en que los acusados tuvieron distintos grados de participación.
La acusación también incluye diversos medios probatorios, entre ellos 692 documentos, 85 evidencias materiales y 4 pericias además de 69 testigos.
El abogado querellante Enzo Morales espera que “por la gravedad de los hechos establecidos por la investigación penal, se les condene por la justicia a penas de cárcel efectiva, sin beneficios y que el Consejo de Defensa del Estado recupere los fondos públicos defraudados”.
Condenas solicitadas por la Fiscalía de Tarapacá
En la acusación presentada por el fiscal Zepeda se pidió condenar al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo, la actual consejera regional, Daniela Solari (Ex Rn); y a Jhonny Muñoz, a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de la mitad del perjuicio causado, 7 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos y oficios públicos y la pena accesoria de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Para la actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza, se solicitó se aplique la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de la mitad del perjuicio causado, 5 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos y oficios públicos en su grado mínimo y la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos.
Respecto de los acusados Lorena Barrientos, Juan Ayala, Ximena Ciudad, Jorge Venegas, Dimitri Diaz, Ricardo Percic, Gabriel Diaz, Marcelo Sepulveda, Gunther Ziller y Rodrigo Andres Vega, el Ministerio Público pidió la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 25 UTM; la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
Asimismo, la Fiscalía de Tarapacá solicitó se les condene a todos los imputados al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.
La investigación se extendió por cuatro años y el Ministerio Público logró reunir todas las pruebas que buscan acreditar la participación de los imputados y que se esperan llevar a juicio.
Además, el Juzgado de Garantía de Iquique fijó audiencia de preparación de juicio oral para el 23 de diciembre de 2024, dónde se ofrecerán las pruebas y evidencias por parte del Ministerio Público y las defensas de los acusados, previo al juicio oral.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
