La Sala de la Cámara de Diputados respaldó, en forma unánime, un proyecto para resguardar que la destinación y ejecución de los recursos provenientes del royalty minero que reciben los municipios sea de la forma más transparente posible.
Recordemos que el 1 de enero comenzó a regir la Ley 21.591, sobre Royalty a la Minería, que crea tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial; y Puente, que va en apoyo directo de las regiones. Con estos fondos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas.
Parte de estos recursos comenzarán a entregarse en 2024 y se ampliarán en 2025. Esto significa un apoyo directo a 307 municipios. En este contexto, se estima necesario dar a su utilización la necesaria transparencia y evitar un mal uso. “La mayor recaudación fiscal que implica el royalty debe ser una oportunidad de crecimiento y no una problemática”, se sentencia en la moción.
Además, el proyecto robustece el contenido de la cuenta pública anual que deben realizar las municipalidades. Así, se incorporan nuevas materias a informar. De ahí que la propuesta obliga a incluir en esta rendición el uso y destinación de los fondos recibidos por la Ley 21.591. Además, se deberá comunicar sobre la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubiesen destinado.
Mocionantes y debate por cuenta del royalty
La propuesta se originó en una moción presentada por el diputado Jaime Mulet (FRVS). También la firman Jaime Araya (IND), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI), Marta González (IND), Javiera Morales (FA), Joanna Pérez (DEM), Rubén Darío Oyarzo (IND), Carolina Tello (FA) y la parlamentaria de Tarapacá, Danisa Astudillo (PS).
Entre las opiniones se relevó la importancia de esta iniciativa para dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos. Por ello se la llamó a fiscalizar estas cuentas para verificar, no solo eventuales casos de corrupción, sino también una destinación acorde a los propósitos de la ley.
Igualmente, se recordaron diversos casos de malversación de dineros en municipalidades de todo el país. En este contexto, se estimó pertinente avanzar en transparencia y en control, tanto en el nivel municipal como en el regional.
Algunos lamentaron que sólo se llegue a poco más de 300 municipios. Otros, en tanto, estimaron necesario que se definan exigencias similares de transparencia respecto de otros ingresos, como los provenientes del pago de patentes. Asimismo, se pidió destinar profesionales adecuados que levanten proyectos propios. De tal modo, se espera evitar derivar iniciativas a fundaciones.
