Este miércoles y desde la comuna de San Ramón, el presidente Gabriel Boric encabezó la promulgación de la Ley que establece normas para la realización de funerales de riesgo, iniciativa que busca prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad asociados a este tipo de funerales.
La nueva normativa promulgada en esta jornada, completa un total de 61 leyes en materia de seguridad despachadas por el Gobierno, la mayor cantidad de iniciativas desde el retorno a la democracia.
El objetivo de la ley es normar la realización de funerales que representen un riesgo para la seguridad y el orden público, estableciendo un catálogo de delitos frecuentes para sancionar con la pena más alta a quienes los cometan: desórdenes públicos, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales y porte de armas blancas son algunos de ellos.
El presidente agradeció la labor de todas las instituciones que trabajarán de manera conjunta con esta iniciativa, asegurando que “hoy Chile está mejor preparado, pero vamos a seguir enfrentando a delincuentes, narcotraficantes y a quienes perturban a la gran mayoría de chilenas y chilenos, trabajadores honestos que quieren una mejor calidad de vida”.
“A ustedes nos debemos y con ustedes estamos trabajando. Cuenten conmigo para no dar ni un paso atrás en esta lucha firme, consciente, contra el narco y el crimen organizado”, agregó.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que “nuestros derechos se terminan cuando empiezan a afectar los de los demás y en el caso de los narco funerales, hay demasiados antecedentes de que su manera de llevar adelante la despedida de una persona es a costa de los demás, haciendo sufrir, amenazando y festinando con el miedo de los demás. El proyecto que promulgamos hoy, como muchos otros en materia de seguridad, no son una varita mágica, pero cambian las cosas de manera positiva”.
Esta ley establece que la totalidad del proceso funerario deberá llevarse a cabo dentro de 24 horas, desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil hasta el traslado del fallecido al lugar de sepultación o cremación.
Asimismo, Carabineros determinará el trayecto desde el lugar del deceso o Servicio Médico Legal hasta el lugar de sepultura o cremación, controlará la identidad de los asistentes e impedirá el ingreso de personas bajo la influencia del alcohol o drogas.
