La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados inició la votación del articulado del proyecto que modifica la Ley 21.325. La idea es perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, explicó la principal finalidad de la regulación. Dijo que se busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad, tanto interior como exterior, así como mejorar la ejecución de las referidas expulsiones.
De tal forma, no solo se incrementan las causales para el ejercicio de la facultad, sino que se facilita el accionar de la PDI para detener a las personas buscadas por estos procedimientos.
En esa línea, la instancia aprobó una indicación que establece que el subsecretario del Interior podrá autorizar a la Policía de Investigaciones, mediante resolución fundada, para ingresar al domicilio en el cual se encuentre la persona en contra de la cual se decretó la medida de expulsión para efectos de aprehenderla.
Asimismo, se incluye la opción de revisión del domicilio por parte de los efectivos policiales, quienes deberán procurar que se cause el menor daño posible. Al respecto, deberán informar las razones de la detención y entregar, al propietario del lugar, una copia de la ordenanza de ingreso.
Con el objeto de resguardar el debido proceso, la Corte de Apelaciones controlará la legalidad de la detención. Así, deberá acreditarse ante ella la documentación que avaló el ingreso de los policías al domicilio.
Cabe agregar que la normativa busca, además, robustecer las facultades de la autoridad contralora y fortalecer el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular. El proyecto continuará su debate y votación al interior de la comisión, la próxima semana.
