La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre la muerte del conscripto Franco Vargas y la norma aplicable al Servicio Militar. El joven falleció el 27 de abril en una marcha de instrucción en la localidad de Pacollo, comuna de Putre.
El informe contó con 74 votos a favor, 14 en contra y 31 abstenciones. Los diputados de Tarapacá, Matías Ramírez (PC) y Danisa Astudillo (PS), votaron a favor del documento, mientras que el parlamentario de la bancada Republicana, Renzo Trisotti (Ex UDI), voto en contra.
El análisis tuvo un foco especial en el caso de los ejercicios militares realizados en la comuna de Putre, el 27 de abril de 2024. En ellos se tuvo como lamentable resultado la muerte del conscripto Franco Vargas.
La investigación se originó en dos solicitudes, aprobadas el 15 y 29 de mayo. Ellas se fusionaron en una instancia que presidió el diputado Luis Malla (PL). Este, además, fue quien relató los alcances de las indagatorias y las propuestas para mejorar el sistema de instrucción y conscripción.
El texto sostiene que el Estado de Chile tiene responsabilidad política respecto a sus actuaciones en el resguardo de quienes realizan el servicio militar. Se estima que la tardía aplicación del protocolo de Minnesota, que tiene por finalidad proteger el derecho a la vida, deja en evidencia que quienes estando al cuidado del Estado sufrieron la vulneración de sus derechos.
En todo caso, la principal queja se dirige a los mandos que tenían a su resguardo a los conscriptos de la Brigada N°24 Huamachuco. “No entregaron ni la información correcta ni dieron las facilidades para la investigación en un primer momento, actuando con total negligencia”, se sentencia.
El informe también observó inconsistencias en las versiones entregadas por el Ejército. “Aquello sólo puede ser atribuido a información errónea, incompleta o falsa aportada por los subordinados a los altos mandos, así como al poder civil”, se plantea.
Evidencia de malos tratos en el servicio militar
Además, se expuso que, a partir de lo expuesto por los distintos invitados y los antecedentes revisados, hay evidencia de “malos tratos a los que habrían sido sometidos los conscriptos en los ejercicios militares de Pacollo, la falta de acceso a un bien humano básico, como el agua potable, así como conductas negligentes graves en la reacción frente a la situación médica de urgencia que presentó el conscripto Franco Vargas, que terminó con su lamentable fallecimiento”.
En tal plano, se considera importante que el Estado despliegue un plan de reparación integral a los conscriptos que fueron afectados. Así, por ejemplo, se sugiere prestaciones económicas y de salud para quienes realizan el servicio militar. También capacitación y reinserción laboral; acompañamiento psicológico y de salud mental, entre otras.
El informe, igualmente, da cuenta de precarias condiciones sanitarias y de higiene del centro de entrenamiento en Pacollo. En este marco, se llama a revisar este y otros recintos militares del país y que se corrijan sus condiciones, de no ser las adecuadas.
Otros aspectos detectados son ausencia de protocolos y falta de transparencia en la entrega de información. Igualmente, evaluaciones médicas muy acotadas en el contexto del servicio militar, donde se consideran, por ejemplo, las circunstancias geográficas y climatológicas que enfrentarán los conscriptos. Junto a lo anterior, se insta a mejorar los protocolos de vacunación e impulsar una adecuada preparación de los instructores a cargo de los conscriptos.
En el texto, de igual modo, se insta a modernizar y adecuar a las condiciones actuales las bases de conscripción para el servicio militar.
Debate en la Sala
En la discusión participaron Matías Ramírez (PC), Nelson Venegas (PS), Claudia Mix (FA), Miguel Ángel Becker (RN), Rubén Darío Oyarzo (IND), Johannes Kaiser (IND), Luis Sánchez (PREP), Andrés Giordano (FA) y Luis Malla (PL).
Quienes expusieron manifestaron sus condolencias a la familia de Franco Vargas. En especial, dirigieron palabras a la madre del fallecido conscripto, quien estuvo presente en la sesión.
Entre las observaciones, hubo quienes destacaron las precarias condiciones y maltratos que suelen sufrir los soldados durante el servicio militar. En particular, se recalcó que la experiencia de Antuco no sirvió para mejorar las condiciones. Así, continuaron situaciones que van al límite de los derechos humanos.
También se pidió realizar reformas a la justicia militar y verificar mejoras en el sistema de conscripción. Sobre el punto, algunos recordaron que en el presupuesto se aprobaron dineros para exámenes médicos y mentales para los solados. Además, en la Comisión de Defensa se tramita un proyecto del Gobierno que aumenta su remuneración.
Otra visión criticó que el informe no verificó ninguna causalidad entre la marcha y la muerte de Vargas. De igual modo, se pidió no levantar acusaciones injuriosas contra el Ejército.
En una línea similar, se dijo que la institución procura preparar a los soldados para eventuales conflictos. Así, se estimó probable que existan riesgos. Sin embargo, se sostuvo que las negligencias son de responsabilidad personal de quienes están a cargo de las operaciones, dado que el Ejército provee de planes y de protocolos para dichas situaciones.
