La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión del proyecto que busca establecer recintos no penitenciarios para migrantes con órdenes de expulsión pendientes, cuya permanencia no debiera superar los 60 días.
La iniciativa es impulsada por parlamentarios del PPD liderados por Camila Musante, junto a Rubén Oyarzo (Independiente) y Joanna Pérez (Demócratas).
Al respecto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, advirtió que estos centros podrían ser confundidos con instalaciones de privación de libertad.
“Es un tema ampliamente debatido. Uno de los grandes riesgos de los centros de internación es que pueden ser confundidos o utilizados como centros de privación de libertad”, comentó.
En tanto, el diputado por Tarapacá, Renzo Trisotti (Ex UDI), enfatizó que, en casos de personas consideradas peligrosas, la solución no debe ser estos centros, sino directamente un recinto penitenciario.
La discusión de este proyecto ya enfrenta las primeras trabas especialmente en materia de recursos, donde parlamentarios de distintos sectores advierten los problemas que traerá la iniciativa. Y pese a valorar que exista preocupación por la situación migratoria en Chile, la problemática de fondo no son los expulsados, sino el ingreso de forma ilegal por la frontera.
