La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, superando las dudas planteadas sobre la representación regional dentro de esta nueva estructura. La norma, parte de la agenda de seguridad del gobierno, fue debatida intensamente en una sesión especial celebrada este martes 3 de diciembre.
El debate se centró en la interacción entre las secretarías regionales ministeriales (SEREMIS) propuestas y las figuras actuales de delegados presidenciales y gobernadores regionales.
Durante la discusión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió el proyecto como una iniciativa que busca cumplir con las promesas hechas a la ciudadanía sobre la creación de una institucionalidad que fortalezca la gestión de la seguridad.
“Es un proyecto que ha sido trabajado y ajustado para responder a las necesidades actuales y recoger lineamientos de gobiernos anteriores”, indicó.
Entre los avances definidos por la Comisión Mixta se encuentran la dependencia directa de las fuerzas de orden y seguridad del nuevo ministerio, la creación de un Centro Integrado de Coordinación Policial y herramientas para mejorar la coordinación interministerial. También se estableció que solo la ministra o ministro del ramo podrá solicitar informes reservados, fijando una clara línea de responsabilidad.
Al término de la votación, la autoridad adelantó que un Decreto con Fuerza de Ley (DFL) establecerá el detalle de los requisitos que deberán tener las autoridades que formen parte de este nuevo organismo, insistiendo en que “la idea es tener un ministerio altamente profesionalizado”.
En forma transversal todos los congresistas reconocieron que la principal demanda ciudadana es la seguridad, sin embargo, las diferencias estuvieron a la hora de precisar si la creación de un Ministerio de Seguridad Pública contribuye a la lucha contra la delincuencia en todas sus formas.
Aquellos que votaron en contra plantearon que el nuevo organismo “implica un alto gasto que podría haberse destinado a las policías”, “esta es una respuesta fácil a un problema complejo”, “solo amplía la orgánica del Estado”, “solo genera intercambio de información entre servicios” y “se pierde la oportunidad de hacer un análisis de fondo a la estructura del Ejecutivo”.
El proyecto será votado próximamente en la Cámara Baja, con la expectativa de consolidar una institucionalidad más eficiente y adaptada a los desafíos actuales de la seguridad pública en el país.
