El proyecto que reforma el sistema registral y notarial dio un paso importante tras ser aprobado en particular por la Sala del Senado, enviándose a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo. La iniciativa busca modernizar y transparentar el funcionamiento del sistema, introduciendo cambios significativos en los procesos de nombramiento y supervisión.
Uno de los principales puntos aprobados establece que la Alta Dirección Pública (ADP) será la encargada de seleccionar a los candidatos para notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros mediante un proceso basado en méritos y exámenes. La terna seleccionada será enviada al ministro de Justicia, quien realizará la designación.
Esta disposición excluye al poder judicial del proceso, siguiendo una recomendación de la Corte Suprema. Pese a las objeciones del senador Pedro Araya, quien propuso alternativas para evitar el rol de la ADP, estas fueron rechazadas con amplia mayoría.
Asimismo, se aprobó una disposición que obliga al Fiscal Judicial a rendir una cuenta pública anual sobre sus funciones, incluyendo supervisión y transparencia a través de una plataforma web.
Otro punto debatido fue la facultad del Presidente de la República para crear, dividir o eliminar oficios notariales. Aunque se discutió la necesidad de establecer criterios específicos para la creación de notarías, especialmente en áreas con alta demanda, la propuesta fue rechazada, manteniéndose una norma más general que facilite su creación en regiones alejadas.
La Sala también abordó la implementación de un folio real electrónico, que finalmente se excluyó del proyecto debido a la complejidad tecnológica que implica, aunque se dejó abierta la posibilidad de discutirlo en futuras iniciativas.
El proyecto incluye otras modificaciones como la homogeneización de las actas notariales, la prohibición de contratación de parientes, y nuevas facultades para el Sernac en la fiscalización de los servicios registrales y notariales. Además, se aprobó una disposición transitoria para la regularización de derechos de aprovechamiento de aguas en caso de nuevos oficios.
Con este avance, el proyecto queda a la espera de su revisión y votación en la Cámara de Diputados, en un esfuerzo por modernizar y hacer más eficiente el sistema registral y notarial en el país.