La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la paralización del dictamen emitido por la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, que establecía restricciones en la revisión de reclamaciones presentadas por funcionarios públicos bajo el principio de “confianza legítima”. Este fallo judicial obliga a la Contraloría a continuar examinando dichas reclamaciones.
Según el dictamen de Contraloría, este había determinado que los casos relacionados con la “confianza legítima”, un principio que asegura la renovación de contratos en el sector público tras prórrogas consecutivas, debían ser resueltos exclusivamente por los Tribunales de Justicia, eliminando su tratamiento administrativo en el organismo contralor.
La decisión generó rechazo entre asociaciones gremiales, como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que calificaron el dictamen como un retroceso en los derechos laborales. Según los gremios, esta medida ponía en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores públicos, obligándolos a recurrir a procesos judiciales más largos y costosos.
En respuesta, los ministros de la Corte resolvieron que la Contraloría debe mantener la revisión administrativa de las reclamaciones, permitiendo a los funcionarios públicos continuar apelando a este principio sin necesidad de judicializar sus casos de inmediato.
La resolución representa un importante respaldo a los derechos de los trabajadores del sector público, garantizando que sus reclamaciones por estabilidad laboral puedan ser atendidas por la Contraloría, antes de recurrir a otras instancias legales.
