El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, alcanzó un acuerdo con la Mesa del Sector Público para establecer el reajuste salarial y una serie de beneficios adicionales para los funcionarios públicos. Las negociaciones, que se extendieron durante una semana, concluyeron con un acuerdo de 21 puntos.
El reajuste general será de un 4,9%, distribuido en tres etapas: 3% a partir de diciembre de 2024, 1,2% desde enero de 2025 y 0,64% en junio del mismo año. Además, las remuneraciones mínimas se incrementarán en un 2% adicional en 2025, junto con un bono mensual para bajas rentas.
Igualmente, el acuerdo incluye la regulación permanente de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, así como bonificaciones por escolaridad y vacaciones. También se otorgará un Bono Especial de término de negociación, con componentes adicionales.
En cuanto a los incentivos al retiro, se extenderán de forma indefinida las leyes relacionadas, estableciendo nuevos cupos hasta 2035 y creando procedimientos abreviados para casos de enfermedades graves o terminales. Desde 2027, se implementará un mecanismo decreciente para los incentivos y se garantizará una indemnización de hasta 90 UF por cada año de servicio, con un máximo de seis años.
Al respecto. el ministro Marcel destacó que este acuerdo “no solo mejora las condiciones de trabajo, sino que también refleja un compromiso compartido con el servicio público”. Por su parte, la ministra Jara subrayó que “este consenso da cuenta de que, con voluntad, se pueden lograr avances significativos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores públicos”.
El acuerdo también aborda la creación de un Plan Nacional para reducir el ausentismo en el sector público, con medidas que mejoren las condiciones de trabajo y salud mental, y controlen abusos. Además, se trabajará en un anteproyecto para la creación de una jurisdicción especializada en conflictos laborales públicos, previsto para marzo de 2025.
La próxima semana, el Gobierno ingresará el proyecto de ley al Congreso para su tramitación legislativa, marcando un avance significativo en la relación laboral del sector público.
