El lunes los docentes y funcionarios del Centro de Capacitación Laboral de Iquique iniciaron una paralización indefinida de actividades en respuesta “a una serie de graves situaciones que, durante los últimos tres años, han impactado profundamente el ambiente laboral, la salud emocional y el bienestar de la comunidad educativa”.
A través de un comunicado, los trabajadores indicaron que desde la llegada de Mariela Basualto como inspectora general, han enfrentado “un entorno marcado por el hostigamiento constante, decisiones arbitrarias y una gestión deficiente que ha transformado nuestro lugar de trabajo en un espacio hostil e insostenible”.
“Estas prácticas han afectado severamente nuestra salud física y emocional, dañando nuestra capacidad para desarrollar nuestra labor educativa con la excelencia que nuestros estudiantes merecen”, se detalla en el escrito.
En el comunicado se indica que “la dirección del establecimiento, encabezada por la Sandra Figueroa, ha sido incapaz de adoptar medidas efectivas para solucionar estas problemáticas”.
También apuntaron “a la inacción por parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y su director ejecutivo, el señor Najle Majluf, quienes han demostrado una actitud displicente frente a vulneraciones de derechos laborales y humanos, perpetuando el desgaste y la desprotección del personal docente y administrativo”.
“El efecto de estas malas prácticas no se limita al personal del establecimiento. Nuestros estudiantes también han sido víctimas de actitudes despectivas y maltrato emocional por parte de la inspectora general, afectando su bienestar y desarrollo integral. Este ambiente hostil constituye una violación directa a su derecho a recibir una educación en condiciones dignas y seguras”, se agrega en el texto.
Asimismo, los funcionarios señalaron que María Fonseca, presidenta del Centro de Padres y Apoderados, “ha promovido un clima de desconfianza y hostilidad mediante rumores infundados, acusaciones malintencionadas y acciones que han perjudicado tanto la imagen profesional del personal como la gestión de beneficios esenciales para nuestros estudiantes”.
“Pese a los antecedentes sobre su conducta, la dirección del establecimiento, junto al director ejecutivo del SLEP, han optado por respaldar y legitimar su accionar, reforzando un clima de impunidad y desconfianza”, añadieron.
Sobre la paralización de actividades, los docentes enfatizaron que “no es solo un acto de protesta, sino un grito de alerta frente a un sistema que ha permitido abusos, maltratos y la vulneración de derechos fundamentales”.
En este sentido, exigen “acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes para garantizar un entorno laboral y educativo digno, donde se respete a todos los integrantes de nuestra comunidad”.
Durante este período de paralización, detallaron que “se mantendrán turnos éticos para atender a los estudiantes que asistan al establecimiento. La entrega de alimentación JUNAEB se realizará con normalidad”.
“Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil proceso. Como comunidad educativa, estamos comprometidos a luchar por un entorno justo, respetuoso y seguro, donde se priorice el bienestar de estudiantes, docentes y funcionarios. La educación especial es un pilar fundamental de inclusión y desarrollo, y no descansaremos hasta que se garantice su protección”, finaliza el escrito.
