El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, compareció este lunes ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde respaldó el trabajo realizado por la institución en la investigación de las amenazas contra el empresario forestal y testigo clave en el caso que involucra al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Muñoz destacó que la PDI actuó conforme a los protocolos establecidos y dentro del marco de la ley, subrayando que “se hizo lo correcto y no hubo desviaciones de las atribuciones que tiene la policía”. Agregó que la investigación se llevó a cabo con diligencia, atendiendo las directrices del Ministerio Público.
Críticas y desafíos
El caso ha generado controversia debido a las amenazas contra el testigo, quien debió ser reubicado en un lugar seguro. Muñoz señaló que las decisiones adoptadas se tomaron para proteger la integridad de la víctima, garantizando su colaboración en el proceso judicial. Asimismo, defendió la coordinación con otras instituciones involucradas en la seguridad del testigo.
El director de la PDI aseguró que el manejo del caso refleja el compromiso de la institución con la protección de las víctimas y la eficacia en las investigaciones, afirmando que “nuestra responsabilidad es actuar con profesionalismo y dentro de los marcos legales establecidos”.
Reacciones en la Comisión
Los parlamentarios de la Comisión valoraron la participación de Muñoz y la disposición de la PDI a entregar detalles del caso. No obstante, algunos legisladores expresaron inquietudes sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad para testigos en casos de alta sensibilidad, especialmente en contextos de violencia rural.
El presidente de la Comisión, diputado Jorge Brito, destacó la importancia de clarificar las acciones tomadas en este tipo de investigaciones y llamó a reforzar la coordinación interinstitucional para mejorar la protección de las personas que participan en procesos judiciales de alto impacto.
La sesión concluyó con un compromiso por parte de la Comisión de seguir monitoreando el desarrollo del caso y explorar iniciativas legislativas que fortalezcan los mecanismos de seguridad y justicia en casos similares.
