Con 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta que regula y sanciona los delitos terroristas. La iniciativa, parte de la “Agenda de seguridad”, quedó lista para ser promulgada por el Presidente de la República.
La normativa sanciona la asociación terrorista y establece penas proporcionales al grado de implicación en actividades terroristas.
Entre los puntos más destacados está la incorporación de herramientas tecnológicas para la investigación, como la interceptación de comunicaciones mediante el uso del IMSI Catcher y otras tecnologías similares. Este sistema permite identificar y geolocalizar dispositivos electrónicos, sin acceder al contenido de las comunicaciones.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la aprobación del proyecto, destacando que tiene como objetivo la persecución de organizaciones terroristas y del terrorismo individual. Además, subrayó que la ley incluye estrictas normas de uso y eliminación de registros irrelevantes, estableciendo responsabilidades disciplinarias y penales ante su mal uso.
Otro punto resuelto por la comisión mixta es el cambio excepcional de jurisdicción en casos de alarma pública o especial complejidad. Esto permitirá que el Ministerio Público o la defensa soliciten al Pleno de la Corte Suprema que los casos sean conocidos por tribunales de Santiago, siempre que no se vulneren los derechos del imputado.
Opiniones divididas
El debate en Sala estuvo marcado por posturas contrapuestas. Algunos legisladores destacaron que la nueva ley antiterrorista refuerza las herramientas del Estado para combatir el terrorismo y establece sanciones más severas, como la cadena perpetua, para este tipo de delitos.
Sin embargo, desde sectores como la bancada del Partido Comunista, se criticó la inclusión del IMSI Catcher por considerar que podría afectar derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones, especialmente de personas sin relación con las investigaciones.
La nueva ley reemplaza la normativa antiterrorista utilizada durante la dictadura y actualiza los procedimientos para enfrentar amenazas contemporáneas. Su aprobación marca un paso clave en la agenda de seguridad, consolidando herramientas más modernas y reguladas para enfrentar el terrorismo en Chile.
