La Defensoría de la Niñez interpuso esta semana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica para restituir los derechos de cerca de 300 menores que habitaban junto a sus familias en el sector denominado Cerro Chuño de Arica, y que debido a un proceso de desalojo que la institución califica como “descoordinado y que incumple con las obligaciones legales, han quedado en la más absoluta desprotección”.
Desde la institución indicaron que esta acción constitucional fue presentada en contra de Ministerio de Desarrollo Social, la Seremi de Desarrollo Social de Arica, la Subsecretaría de la Niñez, y en contra de la Delegación Presidencial de Arica, a quienes se les acusa de haber cometido “omisiones ilegales y arbitrarias que atentan contra las garantías de la Constitución Política de la República, vulnerando el derecho a la integridad física y psíquica y el principio de igualdad y no discriminación de los niños, niñas y adolescentes que habitaban dicho campamento junto a sus familias”.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “no existe un plan de relocalización y/o reubicación para los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y están quedando sin hogar, dejando a muchas de ellas en situación de calle, aumentando aún más la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes afectando así sus derechos”.
Además, enfatizó que la situación es realmente grave y el Estado, a través de estos organismos, no ha garantizado la debida protección y resguardo de los derechos de estos niños y niñas, y que por ley le corresponde asegurar.
“Como Defensoría de la Niñez hemos venido insistiendo en este tema a través de diferentes instancias, con recomendaciones al Ejecutivo, e incluso, dedicamos una de las notas temáticas de nuestro Informe Anual 2024 a los desalojos forzosos y la ausencia del enfoque de derechos de la niñez en esos procesos”, explicó el defensor de la Niñez.
La situación en Cerro Chuño
En el recurso, la Defensoría de la Niñez detalla que tomó conocimiento el 18 de noviembre de 2024, a través de comunicación realizada por el Ministerio Público, de un procedimiento de desalojo iniciado ese mismo día en el sector denominado Cerro Chuño, ordenado por la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota con fecha 14 de agosto de 2024.
El mismo día 18, profesionales de la sede Arica de la Defensoría de la Niñez se trasladaron hasta el sector, lugar que ya había sido visitado en meses anteriores en el marco de una Misión de Observación por la vulnerabilidad y contaminación de la zona. En terreno, el equipo verificó que no se notificó previamente del desalojo a estas familias y tampoco se adoptaron las medidas adecuadas para que, de forma concreta y efectiva, se resguarde el interés superior de los niños, niñas y adolescentes afectados.
Los organismos recurridos, dice la Defensoría de la Niñez, no cumplieron sus obligaciones legales de “generar las coordinaciones interinstitucionales previas necesarias para resguardar adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido y están siendo desalojados en Cerro Chuño”. Esto generó que sólo existan respuestas reactivas a la situación, insuficientes para prevenir vulneraciones de derechos humanos.
“Según se nos informó el 22 de noviembre, se habilitaron sólo dos albergues con una capacidad muy reducida, de 10 a 15 cupos. Esto es totalmente insuficiente considerando la cantidad de personas que están siendo desalojadas, si sólo los niños, niñas y adolescentes serían aproximadamente 300”, agrega el Defensor de la Niñez. Además, señala que, a la fecha de presentación de esta acción, no se han habilitado otros albergues ni resguardos temporales para las familias desalojadas, dejándolas en situación de calle y aumentando aún más la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, con todo lo que eso implica (falta de acceso a servicios básicos, baños, agua potable, mayores riesgos de seguridad y pasar la noche en la intemperie).
“Además de esta situación gravísima en que se encuentran hoy, recordemos que estos niños, niñas y adolescentes ya estaban en un contexto vulneratorio de sus derechos, habitando un sector que, como es de público conocimiento, es una zona de sacrificio medioambiental, pues aquel espacio fue contaminado por polimetales (arsénico, plomo) tras verterse 20 mil toneladas de desechos tóxicos, impactando gravemente la salud de las personas que habitan aquel espacio”, añade Anuar Quesille, para enfatizar la urgencia de que el Estado restituya los derechos vulnerados de este grupo, que es lo que se le está solicitando a la Corte de Apelaciones de Arica.
