La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el proceso de regularización acotada que evalúa el Ejecutivo no generará un “efecto llamada” que promueva la inmigración irregular.
Este mecanismo está destinado exclusivamente a los migrantes que participaron en el empadronamiento biométrico, un proceso enfocado en identificar a quienes ya se encuentran en el país.
Vallejo enfatizó que la regularización no será automática y estará sujeta a criterios estrictos. “Las personas con antecedentes penales o condenas no serán consideradas”, indicó la ministra, asegurando que el Gobierno aplicará un enfoque riguroso para que el proceso cumpla con los estándares requeridos.
Experiencias en administraciones anteriores
La vocera destacó que procesos similares ya se han implementado en gobiernos anteriores. Bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, se regularizaron 324.338 personas, mientras que en el Gobierno de Michelle Bachelet el beneficio alcanzó a 55.000 personas. En el Gobierno de Eduardo Frei, fueron 22.000 personas las que accedieron a la regularización.
Vallejo subrayó que estos procesos han permitido identificar y controlar a los migrantes ya presentes en el país, sin fomentar nuevas olas de ingresos irregulares.
Frente a cuestionamientos sobre posibles incentivos para la inmigración irregular, Vallejo aseguró que el diseño del proceso busca garantizar tanto el respeto a los derechos humanos como un control migratorio efectivo.
Desde el Gobierno insistieron que están trabajando en los lineamientos y requisitos necesarios para implementar esta medida con total transparencia y en beneficio de la seguridad nacional.
