Durante su comparecencia, la ministra Vallejo señaló que el caso es de “extrema gravedad” y representa un “abuso de poder” por parte de quien ocupaba un cargo público clave en materia de seguridad nacional. La denuncia contra Monsalve incluye acusaciones de abuso sexual y violación, así como una posible vulneración de la Ley de Inteligencia.
Vallejo explicó que, desde que el Ejecutivo tomó conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar el apoyo a la víctima y establecer responsabilidades administrativas.
Además, la ministra reconoció que la renuncia de Monsalve pudo haber sido más expedita, aunque aseguró que “se hizo efectiva poco tiempo después de que se tuvo conocimiento de la denuncia”.
Colaboración con la justicia y acciones del Gobierno
La secretaria de Estado destacó las acciones realizadas por el Gobierno para esclarecer los hechos, incluyendo declaraciones voluntarias ante el fiscal a cargo, el apoyo a la víctima a través de programas del Sernameg y la solicitud al Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos funcionales.
Vallejo también subrayó que la prioridad del Gobierno ha sido actuar con transparencia y resguardar la dignidad de la víctima. “Nuestro compromiso es colaborar con la justicia y garantizar que nadie esté por sobre la ley”, aseguró.
Intervenciones parlamentarias y críticas
Durante la sesión, varios parlamentarios plantearon preguntas sobre el manejo del caso y la comunicación del Ejecutivo. Mientras algunos, como Daniella Cicardini (PS), consultaron sobre la estrategia comunicacional del Gobierno, otros, como Sofía Cid (IND) y Gloria Naveillan (IND), cuestionaron si hubo información retenida o un posible “pacto de silencio”.
Por su parte, diputados como Diego Ibáñez (FA) y Camila Musante (IND) consideraron que la ministra Vallejo ya ha entregado toda la información relevante y pidieron priorizar las declaraciones de otras autoridades con más antecedentes sobre el caso.
El presidente de la comisión, Miguel Mellado (RN), cerró la sesión preguntando a Vallejo sobre las acciones que tomó tras enterarse de la situación y cómo se manejó la comunicación interna en los días posteriores.
Vallejo fue enfática en señalar que “las acciones de Manuel Monsalve no solo afectaron a la víctima, sino que también socavaron la confianza pública en las instituciones”. Agregó que este caso representa un daño grave a la democracia y a los principios que sustentan el Estado de derecho.
El Gobierno continuará colaborando con las investigaciones en curso, manteniendo su compromiso con la transparencia, la justicia y el resguardo de la víctima.
