La Fiscalía Departamental de Tarija presentó durante el lunes una imputación formal contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales y contra Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, por el delito de trata agravada de personas después que ambos no se presentaron a prestar su declaración informativa en los plazos establecidos.
La fiscal Sandra Gutiérrez confirmó la imputación formal ante un juzgado para que determine fecha y hora de la audiencia. Según la fiscal, se tomó la decisión acorde al Código de Procedimiento Penal vigente en el país altiplánico.
“El día de hoy se ha presentado la imputación formal por el delito de trata de personas. Existe y ha existido la orden de aprehensión para estas dos personas porque incumplieron al no presentarse el día que fueron citados”, declaró Gutiérrez.
La investigación fiscal contra el exmandatario y la madre de la víctima se inició el 26 de septiembre pasado en la Fiscalía Departamental de Tarija inicialmente con una orden de aprehensión contra Morales, quien no se presentó a prestar su declaración informativa.
La fiscal Gutiérrez mencionó que informes de la Policía Nacional y de Inteligencia dan cuenta que no lograron dar con el paradero del exmandatario en el municipio de Villa Tunari y Cochabamba por los riesgos técnicos y operativos de los funcionarios policiales debido a la falta de seguridad y la resistencia organizada en el lugar.
“Antes no lo hice público porque los informes entregados por la Policía, a través de sus diferentes unidades, indicaban que existían amenazas de diferentes tipos. Yo no quería ser cómplice de eso, ya que respetamos la vida y así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE). Por eso no hemos hecho público el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales y la señora Idelsa Pozo”, señaló la fiscal departamental.
Asimismo, indicó que se ha solicitado una alerta migratoria para las dos personas imputadas debido a que tiene conocimiento de que Evo Morales todavía se encuentra en el país, mientras que la madre de la víctima estaría en San José de Pocitos.
El caso se remonta a 2015, cuando Morales se relacionó con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016. La tesis fiscal sostiene que los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con el único fin de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor”.
