La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó los alcances del proceso de regularización de migrantes ilegales que recientemente fue anunciado por el Gobierno.
La instancia recibió al subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien dijo que el Ejecutivo está estudiando un proceso de regularización acotado, teniendo en consideración varios aspectos. La autoridad sostuvo que el país ha realizado esfuerzos de los cuales no solo ha sido participe el Ejecutivo sino la propia comisión legislativa.
Entre estas consideraciones claves se encuentra el fortalecimiento de las fronteras, el trabajo conjunto de Carabineros y las Fuerzas Armadas, y los efectos que eso ha producido desde el punto de vista de la reducción de ingresos ilegales.
Asimismo, se ha avanzado en la reforma a la ley de migraciones o misceláneo de migraciones. Explicó que está asociado a corregir defectos de regulación vigente y, particularmente, de quienes incumplen la legislación migratoria. Lo anterior, explicó la autoridad, está acompañado de otro proyecto de ley que tiene como objeto permitir una actuación más expedita en materia de expulsiones administrativas.
El subsecretario expresó a la comisión que la opinión del Ejecutivo es que se levante la prohibición de la ley 20.000 de drogas, en materia de expulsiones. Aquello “provoca una congestión muy significativa de los sistemas penitenciarios”.
En este sentido, destacó que el Ejecutivo y el Congreso han avanzado en realizar reformas indispensables a la regulación migratoria. También es relevante resaltar, dijo la autoridad, que se han mejorado y optimizado los procesos de control judicial.
Entre otros puntos, explicó que “lo que sucedió en el Registro Civil no tiene nada que ver con esta discusión sobre el mecanismo o el estudio de la regularización a partir de personas empadronadas biométricamente”, pero enfatizó que “si el país no adopta una decisión ahora la tendrá que tomar más temprano que tarde”.
