El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de apelación ante la Corte de Iquique para revertir la resolución del 12 de diciembre que negó decretar la medida cautelar real que prohíbe a los 15 imputados del Caso Cajas de Alimentos celebrar actos y contratos en sus bienes.
En el documento al que tuvo acceso Radio Paulina, el servicio detalló que la causa se encuentra en la “etapa intermedia del procedimiento ordinario penal”, siendo presentada la acusación por parte del Ministerio Público, la acusación particular y la demanda civil del CDE a días de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 23 de diciembre.
Asimismo, el organismo argumentó que la medida solicitada permitiría “asegurar y satisfacer el monto del perjuicio sufrido”, el cual asciende a $469 millones. Además, la suma excedería el valor de los bienes respecto de los cuales se solicita la cautelar real.
En detalle, el CDE pide congelar el patrimonio de los 15 imputados por Fraude al Fisco, entre ellos, el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI). En este caso, la medida se aplicaría a una casa en un condominio de Iquique que está inscrita a su nombre y que tiene un avalúo de $116 millones.
Respecto de la actual consejera regional de Tarapacá, Daniela Solari (Ex Rn), el CDE pide que la medida cautelar se decrete a un Station Wagon avaluado en $6 millones y sobre dos propiedades en la ciudad de Iquique con un valor que supera los $130 millones.
Para la imputada Lilian Plaza Bravo, exjefa de Gabinete de Quezada, se solicita que la medida se decrete sobre un departamento en Iquique inscrito a nombre de la querellada con un avalúo de $118 millones y un automóvil, marca Skoda, avaluado en $13 millones.
La apelación del CDE busca revertir la resolución del Juzgado de Garantía de Iquique que rechazó la solicitud efectuada por la parte querellante en razón de que el tribunal de alzada estimó “que no se cumple con los requisitos legales, tanto de forma como fondo para proceder a decretar las mismas”.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
