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En prisión preventiva quedaron integrantes de célula del Tren de Aragua desarticulada por tráfico de migrantes en Tarapacá

La organización criminal operaba desde la frontera en Colchane hasta Santiago, involucrando a una empresa chilena de buses "Covalle".

Nueve personas, entre ellas siete de nacionalidad venezolana vinculadas al Tren de Aragua y dos chilenos relacionados con una empresa de buses, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por tráfico de migrantes, amenazas, extorsiones y asociación ilícita.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Tarapacá a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) y la Brigada de Trata de Personas de la PDI, desarticuló esta célula que operaba desde el sector fronterizo de Colchane, utilizando pasos no habilitados para trasladar migrantes hacia Iquique y, posteriormente, a Santiago.

La organización captaba migrantes en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia a través de supuestos “asesores” que simulaban ser agencias de viaje. Los migrantes eran trasladados hasta la frontera chilena, donde “coyotes” los cruzaban por rutas ilegales.

Una vez en Iquique, eran llevados a residenciales por “jaladores” mientras esperaban ser trasladados a Santiago. En esta última etapa participaba la empresa de transporte Covalle, cuyos propietarios y colaboradores facilitaban los viajes al interior del país.

El viernes pasado, un amplio operativo en Iquique, Coquimbo y Santiago permitió la detención de los imputados, entre ellos el líder de la célula, conocido como “Yefri”.

En la audiencia de formalización, la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que “el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para los nueve imputados. Se otorgó un plazo de investigación de 150 días.”

Este golpe al Tren de Aragua es un paso significativo en la lucha contra las redes de tráfico de migrantes que operan en la región de Tarapacá. La Fiscalía y la PDI reafirmaron su compromiso de desarticular estas organizaciones y garantizar justicia para las víctimas de estas prácticas ilícitas.

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