La Defensoría de la Niñez denunció graves condiciones de vulnerabilidad en el Complejo Fronterizo de Colchane, tras una visita de su equipo regional de Tarapacá.
Durante la inspección, se constató la falta de alimentación por más de 24 horas, instalaciones sanitarias insuficientes y la ausencia de espacios adecuados para pernoctar, lo que expone a niños, niñas y adolescentes migrantes a riesgos críticos.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, criticó la insuficiente respuesta de las instituciones responsables y advirtió que la situación representa un retroceso en la protección de los derechos de la infancia.
“En 2021, el dispositivo de Colchane contaba con condiciones adecuadas para una respuesta humanitaria coordinada, pero hoy la falta de medidas pone en riesgo la vida de los niños y niñas”, afirmó.
Hacinamiento y posible caso de trata de personas
El equipo de la Defensoría detectó más de 200 personas esperando trámites migratorios en un espacio con capacidad para solo 30, lo que ha generado hacinamiento y condiciones indignas. Además, se identificó un posible caso de trata de personas que involucraba a varios menores de edad.
Quesille señaló que la visita se enmarca en un seguimiento a recomendaciones previas, realizadas tras inspecciones en septiembre de 2024 y compromisos asumidos por la Subsecretaría del Interior en agosto del mismo año. Sin embargo, hasta la fecha, la respuesta de las instituciones no ha sido suficiente ni oportuna, lo que ha llevado a una mayor exposición y vulneración de derechos de niños y adolescentes en movilidad humana.
“La regresividad en la protección es evidente. En 2021 existían condiciones materiales y estructurales que permitían una respuesta humanitaria con un mínimo de alimentación y abrigo, pero hoy eso ha desaparecido y se ha puesto en riesgo la vida de los menores“, alertó el defensor.
Llamado a acciones urgentes del Gobierno
Ante estos hallazgos, la Defensoría de la Niñez hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior para que implemente medidas inmediatas que garanticen condiciones básicas de alimentación, abrigo y acceso a servicios sanitarios en la frontera. Asimismo, instó a una planificación nacional en conjunto con la Delegación Presidencial del Tamarugal para mejorar la gestión de la crisis migratoria en la zona.
La Defensoría advirtió que continuará realizando inspecciones y evaluará acciones legales si el Estado no cumple con su responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez en situación de movilidad.
