TARAPACÁ | Tribunal rechaza reapertura de investigación contra excarabineros de Alto Hospicio imputados por delitos de tortura 

El Juzgado de Garantía realizó este jueves la audiencia de reapertura de la investigación  en contra de los seis excarabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, acusados por delitos de tortura, falsificación de documento público y obstrucción a la investigación.

El Ministerio Público sostiene que en julio de 2023, los entonces funcionarios policiales apagaron las cámaras de los calabozos, para golpear y rociar gas pimienta a un detenido, quien posteriormente hizo una denuncia, la que habría sido alterada en su contenido por orden del comisario de la unidad.

En la audiencia, el abogado Jorge Urrea, defensa del exteniente coronel Jorge Carrasco Puyol, solicitó la reapertura de la investigación, argumentando que ciertas diligencias no fueron realizadas en su momento por el Ministerio Público. El tribunal analizó la solicitud, indicando que se presentó dentro de los plazos establecidos.

El jurista afirmó que el derecho a la defensa incluye la posibilidad de producir pruebas que contrasten con las presentadas por la Fiscalía. Además, pidió al tribunal que considere la pertinencia de las pruebas propuestas, ya que podrían servir para reforzar o cuestionar la acusación fiscal.

En detalle, la defensa solicitó 10 diligencias, entre ellas un contraste en las prácticas de Carabineros sobre la elaboración de partes policiales y denuncias, las declaraciones de testigos, documentación y pruebas testimoniales que pueden servir para contrastar lo declarado por la Fiscalía, el informe del médico legista y fotografías del lugar de los hechos.

En tanto, la fiscal de Alto Hospicio, Virginia Aravena, rechazó la petición del abogado, argumentando que las solicitudes buscan desacreditar a la víctima, insinuando impertinencias en la solicitud de partes policiales y declaraciones de testigos. 

“Las presentaciones (…) son con un afán dilatorio, porque por los siguientes antecedentes que son evidentes (…) le dije además de que yo había visto su presentación de diligencia y prácticamente todas las que él había solicitado estaban incorporadas en la carpeta investigativa”, agregó.

La persecutora sostuvo que algunos testimonios ya han sido recolectados, y que la defensa tiene suficientes medios para abordar los temas en juicio oral sin necesidad de nuevas diligencias. En este sentido, pidió al tribunal que rechazara la petición de la defensa del exuniformado.

En esta línea, los abogados querellantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Arancibia, y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), David Álvarez, se opusieron a la solicitud de reapertura de la investigación, adhiriéndose a los argumentos del Ministerio Público.

El jurista del CDE argumentó que la solicitud es un ejercicio dilatorio y que las diligencias planteadas son irrelevantes o impertinentes. El querellante enfatizó que los puntos en discusión pueden resolverse con la información ya disponible en el expediente, y que los temas de valoración deben abordarse en un alegato de cierre, no mediante la reapertura.

“Es un ejercicio dilatorio por parte de la defensa solicitante (…) esto además de los argumentos precisos que se planteó respecto de cada una de la de las diligencias en cuanto a sean rechazadas ya sea por manifiesta impertinencia o por fines dilatorios incluso en algunos casos por intentar acreditar hechos públicos notorios se desplaza también o se desprende de las alegaciones de la fiscal”, acotó.

En la audiencia, se revisaron las diligencias solicitadas, pero la mayoría de estas fueron desestimadas por el tribunal por ser impertinentes, redundantes o improcedentes. 

En este sentido, la magistrada Rossana Alfaro decidió rechazar la solicitud, basándose en que muchas de estas ya están contenidas en la carpeta investigativa, otras podrían ser dilatorias, y algunas no son pertinentes al caso. 

“Habiendo hecho el análisis de cada una de ellas y que se ha arribado a la conclusión que muchas de las diligencias que se han solicitado ya consta en la carpeta investigativa, otras son dilatorias porque pueden soslayarse en la audiencia de juicio, otras dicen relación con elementos de fondo y otras con imputaciones a la víctima, la del número uno de la persona con quien tiene la calidad de víctima, y por hechos que no han sido material a la formalización ni a la acusación”, remarcó la jueza.

Alfaro también argumentó que la reapertura de la investigación no cumple con los requisitos establecidos por la ley, lo que podría perjudicar los derechos de la víctima y de los imputados, así como afectar el derecho a un juicio dentro de un plazo razonable.

“Esta Magistratura estima que la solicitud de diligencias cuya realización se solicita no reúne los requisitos establecidos en el artículo 257 del compendio procesal penal y por lo que ello podría motivar un perjuicio a los derechos y garantías asegurados en la Carta Fundamental, tanto a la víctima como a los imputados por los términos ya planteados, y en mérito de aquello se rechaza la solicitud planteada por el abogado del acusado, Jorge Carrasco Puyol, por los fundamentos ya expuestos”, añadió.

Con ello, el proceso continúa su tramitación hasta la audiencia de preparación de juicio oral, la cual fue reprogramada para el 24 de abril, a las 8:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio.