La Fiscalía Local de Iquique logró que se decretara prisión preventiva para un hombre acusado de cometer femicidio frustrado contra una trabajadora sexual en el sector del marinero desconocido, en la zona norte de Iquique. El imputado, identificado como P.A.G., de 35 años y nacionalidad chilena, fue formalizado por este delito tras ser detenido en la ciudad de Talca.
El hecho ocurrió la noche del 2 de abril, cuando el sujeto contactó a la víctima, de nacionalidad extranjera, para contratar sus servicios sexuales. Acordaron reunirse y se trasladaron en un vehículo de aplicación con destino a un motel, pero el imputado cambió de rumbo hacia un sector apartado de la ciudad.
Una vez en el lugar, la agredió sorpresivamente por la espalda, intentando asfixiarla y amenazándola de muerte. La mujer logró defenderse y escapar brevemente, pero fue alcanzada, golpeada y finalmente empujada hacia los roqueríos. La víctima simuló estar inconsciente y permaneció oculta en el mar para evitar ser agredida nuevamente, logrando más tarde pedir ayuda en una empresa cercana.
El fiscal (s) de Tarapacá, Gonzalo Valenzuela, detalló que, tras el ataque, el imputado se dio a la fuga y se desplazó por distintas ciudades del país hasta llegar a Talca. Gracias al trabajo investigativo del fiscal Pablo Medina, de la Unidad de Género, y de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, se obtuvo autorización judicial para una interceptación telefónica, lo que permitió ubicarlo y detenerlo.
“Es relevante destacar que, a partir de la investigación, se presume que este no sería el único caso. Existen antecedentes de que el imputado habría agredido a otras mujeres, especialmente extranjeras que ejercen el comercio sexual. Por eso, hacemos un llamado a denunciar, ya que esta es la única forma de que la policía pueda hacer su trabajo y detener a este tipo de agresores”, señaló el fiscal Valenzuela.
Por su parte, el subprefecto Luis Belmar, jefe de la Bicrim, explicó que el perfil del imputado correspondería al de una persona con rasgos psicopáticos, con una fijación por agredir a trabajadoras sexuales, sin interés real en mantener relaciones, sino en ejercer violencia.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. El plazo de investigación fue fijado en 120 días, período en el que se continuará indagando si existen otras posibles víctimas en distintas regiones del país.
El caso pone de relieve la importancia de la denuncia, así como del trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la PDI y los tribunales para abordar delitos de violencia de género y resguardar la integridad de las víctimas.
