Con 29 votos a favor y dos abstenciones, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, además de introducir una serie de modificaciones normativas orientadas a reactivar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.
La iniciativa —que ahora recibirá indicaciones hasta el próximo martes 22 de abril— contempla la creación de programas bajo el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), como el de Garantías de Apoyo a la Vivienda Nueva y el de Recuperación Productiva Regional.
Según explicó el senador Felipe Kast, uno de los impulsores de la propuesta, el objetivo central es impulsar la adquisición de inmuebles y dinamizar la construcción, especialmente considerando el aumento sostenido de los precios y el estancamiento del acceso a créditos.
El subsidio consistirá en una reducción de 60 puntos base sobre la tasa de interés, acompañado de una garantía estatal que permitirá negociar condiciones más favorables con las entidades financieras.
Durante el debate, se reconocieron transversalmente los desafíos que enfrenta el país en materia habitacional, tales como el encarecimiento del costo de vida, la disminución del stock de viviendas disponibles, el aumento de los campamentos y la dificultad para acceder a un crédito hipotecario.
El senador David Sandoval (UDI) valoró la propuesta como un “pequeño paso” para mejorar el acceso a la vivienda propia, mientras que su par Juan Ignacio Latorre (RD) la calificó como una medida necesaria frente al “drama invisible” de miles de familias, especialmente de clase media, que hoy no pueden optar a una casa.
Por su parte, el senador Juan Castro (IND) apuntó a la necesidad de revisar el modelo de financiamiento de la vivienda, recordando que presentó un proyecto para que los dividendos se paguen en pesos y no en UF. En tanto, el senador Alejandro Kusanovic (IND) advirtió sobre la importancia de aplicar medidas con responsabilidad para no “afectar lo que funciona”.
El texto también considera cambios a la Ley N°19.281 sobre arrendamiento con promesa de compraventa, buscando así fortalecer el marco regulatorio del mercado habitacional. Se espera que el grueso del gasto fiscal asociado a este proyecto se concentre en el año 2028, extendiéndose hasta 2055.
