La Fiscalía de la Nación presentó por tercera vez una denuncia constitucional contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ante el Congreso con relación a las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
La acusación también alcanza a los exprimeros ministros Pedro Angulo y Luis Alberto Otárola, así como a los exministros César Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Según el Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría empleado de manera excesiva y desproporcionada la fuerza policial y militar.
La mandataria, sus exministros y otros imputados son acusados de los delitos de lesiones leves y lesiones graves. La imputación se basa en dolo eventual y en omisión impropia, es decir, no haber cumplido con su deber de prevenir los actos de violencia durante las protestas sociales en diversas regiones del país.
Según el documento, las autoridades debieron diseñar y aplicar protocolos específicos para proteger la vida y la integridad física de los manifestantes durante protestas públicas. Sin embargo, al incumplir este deber, habrían atentado, de manera directa o indirecta, contra los derechos de los ciudadanos, además de incumplir normas internacionales que obligan al Estado a respetar y proteger estos derechos.
