El Primer Juzgado de Letras de Iquique acogió hoy una demanda por falta de servicio contra el Gobierno Regional de Tarapacá (Gore) y ordenó pagar una indemnización total de $23.000.000 a una exestudiante en práctica y a sus padres. La demanda se relaciona con un grave incidente ocurrido en 2019, donde la joven fue grabada y fotografiada en los baños de la repartición estatal por un funcionario.
El fallo del magistrado Héctor Kompatzki Delarze estableció que el Gobierno Regional no actuó con la debida diligencia para prevenir o detectar los hechos, y omitió sus deberes de control, vigilancia, resguardo, protección de la intimidad, dignidad, seguridad y privacidad en el ambiente laboral.
La sentencia indica que la responsabilidad del Gore se funda en la acción de Daniel Luna Hidalgo, camarógrafo de confianza del entonces intendente Miguel Quezada (UDI), quien fotografió y grabó a la estudiante de 18 años sin su autorización mientras estaba en un baño de mujeres de la institución. Este acto fue calificado como una vulneración a su intimidad y un daño emocional.
El tribunal argumentó que el Gore no contaba con protocolos adecuados para prevenir este tipo de intromisiones en espacios sensibles como un baño de mujeres, ni con mecanismos de fiscalización interna para impedir la instalación de cámaras. Esto, según el fallo, infringe los estándares de cuidado y actuación que se exigen a un servicio público.
En 2019, el caso fue destapado por Radio Paulina, generando una controversia en la que el oficialismo de la época acusó una operación política. Posteriormente, en 2023, el Juzgado de Garantía de Iquique condenó a Daniel Luna Hidalgo a 3 años y 1 día de cárcel por grabar las partes íntimas de cuatro mujeres víctimas en diversos recintos públicos y domicilios particulares.
Indemnizaciones Establecidas
El fallo del Primer Juzgado de Letras de Iquique determinó un pago de $20.000.000 por daño moral para la estudiante en práctica. El magistrado consideró el sufrimiento y la angustia que experimentó la joven, la afectación a su intimidad y dignidad, y el impacto de esta “experiencia negativa e inolvidable” en su primera aproximación a la vida laboral.
Además, el tribunal acreditó el daño moral sufrido por los padres de la víctima, quienes experimentaron angustia y aflicción por el estado de su hija y vieron alteradas sus condiciones de vida. Se ordenó el pago de $1.500.000 para cada uno de ellos.
La resolución destaca la falta de servicio del Gobierno Regional como causa directa de los perjuicios psicológicos sufridos por la estudiante y sus padres, al no garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso de la privacidad y dignidad.
