Diversas autoridades locales levantaron la voz frente a la denuncia de la Contraloría General de la República (CGR) sobre irregularidades cometidas por 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024.
En Tarapacá se reportaron 1.629 casos de trabajadores que realizaron un uso indebido del beneficio, afectando a instituciones como la Junji, Fundación Integra, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique, los municipios de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, junto a sus respectivas corporaciones, cada una con más de un centenar de casos de licencias médicas irregulares.
Desde el Ejecutivo, la delegada presidencial de Tarapacá, Ivonne Donoso (PS), condenó el uso fraudulento de licencias médicas y afirmó que el Gobierno está trabajando para endurecer las sanciones para quienes emiten y solicitan estos documentos de manera indebida.
La autoridad regional explicó a Radio Paulina que se han identificado irregularidades a través de denuncias y sumarios en el sector salud, lo que refleja una situación preocupante. Además, manifestó que se busca fomentar la concientización entre los trabajadores sobre el uso adecuado de este instrumento.
Por su parte, el gobernador José Miguel Carvajal manifestó que “quienes creemos en el Estado, vemos con mucha decepción el abuso de algunos funcionarios públicos respecto al uso de licencias médicas”.
“Urge tomar medidas; la modernización de las instituciones y la descentralización de nuestro país”, acotó.
Desde el Congreso Nacional, la senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI), calificó como “impresentable” el informe de la Contraloría que da cuenta de “más de 25 mil funcionarios que, haciendo uso de licencia médica, prácticamente salían de vacaciones”.
“Es una falta a la probidad, una falta a sus obligaciones funcionarias, hay una responsabilidad civil, que es el mal uso de los recursos, y también hay una responsabilidad penal”, agregó.
La parlamentaria espera que se persigan las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios y los jefes superiores que no fiscalizaron adecuadamente. También a aquellos doctores o médicos que emitieron estas licencias irregulares.
“Yo espero que acá se persigan las responsabilidades administrativas, civiles y penales, y que esto no quede en nada, sino que tenga las consecuencias necesarias para que las platas públicas se puedan utilizar en aquello a lo que están destinados”, añadió.
Asimismo, Ebensperger tildó de “grave” que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (Cormudesi) ocupe el cuarto lugar de uso indebido de licencias médicas a nivel nacional, lo cual es preocupante considerando su tamaño menor en comparación con otras instituciones.
Por su parte, el diputado Matías Ramírez (PC) indicó a este medio que la situación de las licencias médicas “es grave”, ya que afectan tanto a los trabajadores como a la confianza en las instituciones. Además, dijo que la Contraloría está realizando sumarios administrativos, pero hay preocupación por la dilación en las investigaciones.
A su vez, el legislador coincidió en que llama particularmente la atención lo que ocurre en la Cormudesi y Carabineros de Chile, donde un alto porcentaje de funcionarios están de licencia médica, lo que sugiere un uso abusivo de este derecho.
“Hay que recordar que en el caso de Carabineros de Chile casi un tercio de dichos funcionarios se encuentran bajo licencia médica. Es una situación diversa toda vez que no se registran viajes al extranjero pero da cuenta también de muchas veces un uso abusivo de este derecho. En esto compartimos el llamado de la ANEF en orden a investigar y aplicar evidentemente las sanciones que se determinan en estos procesos de investigación”, comentó.
En tanto, el diputado Renzo Trisotti (Republicanos) comentó a Radio Paulina que “es una situación compleja y deben investigarse y sancionarse como corresponde. Y creo que van en la línea correcta todas las acciones administrativas que ya han sido anunciadas por parte de la Contraloría General de la República”.
Cabe destacar que la denuncia de Contraloría motivó al Ministerio Público a abrir una investigación penal de oficio, la cual está asignada al fiscal Álvaro Pérez de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
