Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 25.110 funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica vigente entre 2023 y 2024.
De ese total, 1.629 movimientos migratorios corresponden a trabajadores del ámbito de la educación parvularia, lo que ha motivado una serie de respuestas institucionales.
En el desglose nacional, 2.280 funcionarios serían de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y 1.934 de Fundación Integra.
En tanto, el informe también vincula a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (Cormudesi), a la Municipalidad de Alto Hospicio y a la Corporación de Pozo Almonte con funcionarios que habrían incurrido en esta irregularidad.
Respuesta de la Subsecretaría de Educación Parvularia (Junji e Integra):
La Subsecretaría de Educación Parvularia, en representación de Junji y Fundación Integra, ha emitido un comunicado subrayando el compromiso de ambas instituciones con la legalidad y la persecución de responsabilidades. Si bien reconocen el informe de la CGR, aclararon que no tienen “competencia para establecer, por sí mismas, si los funcionarios efectivamente viajaron al extranjero durante sus respectivos períodos de reposo médico”. No obstante, aseguraron estar “firmemente comprometidas con avanzar en mejorar los indicadores asociados a este tipo de irregularidades, prestando toda la colaboración a las instancias que corresponden”.
Junji, por su parte, ha implementado la tramitación integral de Licencias Médicas Electrónicas (LME) para agilizar procesos y obtener información de los profesionales que emiten licencias, permitiendo alertar a la COMPIN y entidades fiscalizadoras sobre irregularidades.
Además, han puesto en marcha un “Plan de abordaje del Ausentismo Laboral” que, en conjunto con la COMPIN, ha permitido la pesquisa de 221 casos de licencias irregulares, incluyendo salidas del país durante el reposo. Estos casos han derivado en “procesos disciplinarios –con fiscal de dedicación exclusiva–” y la notificación al Ministerio Público de “prestadores de licencias fraudulentas”.
Por su parte, Fundación Integra está gestionando un convenio con COMPIN para acceder a información relevante. Desde 2024, han establecido como objetivo estratégico mejorar la permanencia de los equipos y abordar el ausentismo, implementando medidas administrativas como el “cese del pago del beneficio de anticipo en casos de licencias médicas no regularizadas” y “descuentos en remuneraciones por deudas generadas por no reintegro de subsidios” o licencias rechazadas, reducidas o pendientes de pago.
Integra también mantiene la tramitación electrónica de licencias, trabajando en la mejora de procedimientos internos para la detección de casos de uso indebido y licencias falsas. Se están identificando “facultativos con gran concentración de licencias otorgadas en distintas regiones del país”, cuyos antecedentes serán puestos a disposición de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), y se actualiza el procedimiento para la investigación y sanción de estos casos.
Ambas instituciones, principales sostenedores públicos de la educación parvularia que emplean a más de 50.000 personas (27.000 Fundación Integra y 23.000 Junji), están “impulsando líneas de acción para gestionar y disminuir los niveles de ausentismo”.
Cormudesi de Iquique solicita información detallada
Desde Iquique, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cormudesi) también se ha referido a la situación, luego de que el informe de la Contraloría señalara que 515 de los funcionarios detectados a nivel nacional corresponderían a trabajadores de su institución.
Cormudesi ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República una copia del informe con la nómina detallada de los trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica.
La corporación ha declarado que “tan pronto tengamos la copia de dicho informe del ente contralor con los nombres de los involucrados, tomaremos las medidas que correspondan ante los organismos pertinentes, a fin de lograr las más drásticas sanciones respecto de los trabajadores que hubieran incurrido en esa falta grave a la probidad administrativa”.
Además, Cormudesi aclaró que en enero de 2024, los establecimientos educacionales que administraba fueron traspasados al Servicio Local de Educación (SLEP) Iquique – Alto Hospicio. En caso de que el informe de Contraloría involucre a trabajadores de esa área, se remitirá una copia del informe al SLEP para que este tome las medidas administrativas correspondientes, dado que son sus actuales empleadores.
Alto Hospicio también investigará
Desde la Municipalidad de Alto Hospicio, señalaron a Radio Paulina que investigarán los antecedentes y aplicarán las sanciones que correspondan. También se indicó que es necesario verificar si los casos están bajo la administración municipal actual o si corresponden a la antigua gestión del área de educación, ya traspasada al SLEP.
