El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este lunes al escándalo por el mal uso de licencias médicas en el sector público, luego de que la Contraloría General de la República revelara que más de 25.000 funcionarios realizaron viajes al extranjero entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica vigente.
Durante un punto de prensa en La Moneda, Marcel valoró que el informe “permitiera visibilizar una situación de abuso” que, según dijo, “el Gobierno viene monitoreando desde hace un año y medio”.
“Este no es un problema que se descubrió ahora. Ya lo veníamos siguiendo desde que notamos un aumento de 10 días hábiles promedio de licencias por funcionario en comparación con la situación previa a la pandemia”, detalló el secretario de Estado.
Esa cifra, agregó, equivale a unos 35.000 funcionarios jornada completa o US$300 millones anuales solo en el Gobierno Central.
El ministro explicó que los casos detectados van más allá de viajes durante el reposo médico: también incluyen trabajadores que desarrollan actividades económicas paralelas o que presentan licencias sin condiciones de salud que las justifiquen.
En cuanto a las acciones concretas, señaló que más de 1.200 sumarios ya estaban en curso antes del informe de Contraloría, especialmente en servicios de salud, y que el Gobierno ha instruido a los servicios públicos iniciar las investigaciones administrativas dentro de 72 horas desde la recepción del oficio del ente contralor.
“Aún hay cerca de 38 servicios que no han recibido el oficio, pero se espera que eso ocurra durante esta jornada. Mañana daremos un primer balance sobre el inicio de los sumarios”, afirmó.
Además, Hacienda solicitó que se informe el estado de avance de los sumarios a los 30 días, para evitar retrasos injustificados. Marcel anunció la creación de una instancia de trabajo con jefes de servicio y fiscales de sumarios, con el objetivo de establecer criterios comunes y asegurar la rigurosidad de los procesos.
Consultado por críticas sobre la creación del Comité de Ausentismo, el ministro respondió que esta instancia fue solicitada por los propios funcionarios públicos y que su fin no es hacer diagnósticos, sino reducir el ausentismo injustificado.
“Quienes están más indignados por estas situaciones son los propios trabajadores que deben absorber la carga de quienes abusan del sistema”, dijo.
Marcel concluyó que la respuesta del Estado debe estar “a la altura de la gravedad de la situación”, tanto en el ámbito público como en el privado, y que se deben tomar medidas estructurales para garantizar que el subsidio por incapacidad laboral se utilice de manera justa y responsable.
