El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó un balance sobre el avance de los sumarios administrativos contra funcionarios públicos del Gobierno Central que habrían hecho uso indebido de licencias médicas para viajar al extranjero.
En total, 6.592 trabajadores han sido sumariados en 131 instituciones, incluyendo ministerios, sin contar a las municipalidades.
Durante el punto de prensa, Marcel explicó que la diferencia con los 7.990 casos identificados por la Contraloría General de la República se debe a que 1.102 funcionarios ya no pertenecen a la administración pública y 272 ya estaban siendo investigados por esta o una causa similar.
El secretario de Estado también precisó que 1.102 personas han abandonado sus cargos tras ser vinculadas a estas irregularidades, aunque no detalló cuántas de esas salidas fueron por despido o renuncia, ni cuántas ocurrieron antes o después del informe de la Contraloría.
El ministro aclaró además que aproximadamente el 10% de los involucrados ingresó al Estado desde 2022, mientras que el resto ya estaba en funciones con anterioridad. También enfatizó que estos sumarios “no son investigaciones administrativas complejas”, sino procesos “relativamente simples” de tramitar, que no requieren testigos ni indagaciones extensas.
Por su parte, la directora de Dipres, Javiera Martínez, puso énfasis en la recuperación de recursos mal habidos instruida por el Ministerio de Hacienda. “La semana pasada, junto con instruir sumarios solicitamos a todas las instituciones que adopten medidas que permitan reintegrar las remuneraciones indebidamente recibidas durante los periodos de reposo rechazados. Los sumarios son procesos cortos, pero dentro de esta etapa se puede trabajar para reponer los recursos”, detalló.
Además, dentro de la calendarización, la autoridad de Dipres mencionó que, una vez que se verifiquen eventuales delitos en contra del Fisco, se entregará toda la información que corresponda al Consejo de Defensa del Estado: “vamos a necesitar el apoyo de las otras instituciones para la recuperación de los fondos del Estado”.
Martinez señaló que “no es algo que se haga automáticamente, sino que depende de los informes que hagan las instituciones involucradas, el rechazo de las licencias y de las personas responsables de devolver los recursos. Estamos comprometidos con la recuperación de esos fondos”.
La cifra de desvinculados no considera a funcionarios municipales, quienes están siendo investigados en un proceso paralelo por las entidades respectivas.
