Un grupo de panaderos de Iquique se encuentra en el centro de una polémica tras ser acusados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de coludirse para fijar el precio mínimo del pan común, como la hallulla y la marraqueta, entre noviembre de 2019 y agosto de 2022. La FNE presentó una queja ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), alegando que las panaderías coordinaron alzas de precios mediante reuniones organizadas y anuncios públicos, identificando a Samuel Campusano y Marlene Martínez como figuras clave en estos acuerdos.
En su defensa, los panaderos admiten haberse reunido y haber subido los precios, pero niegan rotundamente cualquier intención de infringir la ley. Argumentan que sus acciones fueron una respuesta directa a la crítica situación económica que enfrentaron, derivada del estallido social de octubre de 2019 y la posterior pandemia de COVID-19. “Era vivir o morir, si no subíamos el pan”, expresó uno de los panaderos.
Algunos de los acusados, como María López Mamani, Jim Villalobos y Marlene Martínez, sostienen que no formaron parte de ningún acuerdo de colusión.
Adicionalmente, la defensa de los panaderos ha planteado que la querella de la FNE estaría prescrita, ya que el presunto acuerdo de precios habría ocurrido en diciembre de 2019, mientras que la notificación de la demanda se realizó en abril de 2025, superando el límite legal de cinco años para este tipo de acciones.
