La Cámara de Diputados acordó, por la unanimidad de las Jefas y Jefes de los Comités Parlamentarios, adoptar una serie de medidas tras conocerse los antecedentes de público conocimiento, relativos a posibles salidas al extranjero de personas vinculadas a la Corporación mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.
En primer lugar, la Cámara Baja informó en un comunicado que se dio inicio a “un sumario administrativo destinado a determinar la veracidad de los hechos que digan relación con funcionarios y funcionarias de la Corporación que, encontrándose acogidos a licencia médica, hayan salido del país durante el periodo prescrito para su reposo, así como establecer las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan”.
También ordenó recopilar los antecedentes “respecto de las asesoras y asesores parlamentarios que se encuentran en una situación similar con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales aplicables”.
“Solicitar la recopilación de antecedentes respecto de eventuales situaciones en que parlamentarias y parlamentarios, encontrándose acogidos a licencia médica, hayan salido del país, con el objeto de verificar posibles infracciones a los deberes del cargo y, en particular, al principio de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Una vez concluido dicho proceso de recopilación de antecedentes, los resultados serán puestos en conocimiento público”, agregaron en el texto.
La Corporación enfatizó que “todas las actuaciones que se realicen en el marco de estas investigaciones se ajustarán a derecho, con pleno respeto a las garantías del debido proceso, la dignidad de las personas y la normativa legal y reglamentaria vigente”.
Además, se acordó que la vocería oficial de la Corporación en esta materia recaerá exclusivamente en el secretario general de la Cámara Baja, Landeros Perkic, quien oficiará como portavoz institucional.
Por último, la Cámara de Diputados reafirmó “su compromiso con la transparencia, el respeto al Estado de Derecho y la probidad en el ejercicio de la función pública”.
