Una Investigación Especial de la Contraloría General de la República (CGR) constató deficiencias en los procedimientos de control de armas implementados por la Autoridad Fiscalizadora del O.S.11 de Carabineros de Chile a personas poseedoras de armas inscritas.
La investigación detectó que la Autoridad Fiscalizadora no realizó validaciones previas a las inspecciones para enfocar sus procesos de control a personas de su jurisdicción que, teniendo armas inscritas fueron condenadas con posterioridad por crimen o simple delito, con el objetivo de confiscar tales armas.
El informe detalla que se identificaron 37 armas asociadas a 26 personas, pero estas no fueron incautadas o no fueron denunciadas al Ministerio Público, luego de que sus titulares fueran condenados por delitos o simples delitos. La entidad fiscalizadora indicó que esto constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones legales.
La auditoría también detectó que en 30 inspecciones realizadas a armas inscritas cuyos titulares eran personas fallecidas, estas no fueron encontradas en sus domicilios ni se acreditaron las transferencias conforme a la normativa. Si bien el sistema informático de control registraba que se habrían efectuado las denuncias correspondientes, la autoridad fiscalizadora no pudo respaldar dichas denuncias con documentación válida.
Por las situaciones advertidas, la Contraloría General de la República inició un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
