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Bolivia solicitará información a Chile sobre red de militares que traficaba droga en la frontera de Tarapacá 

El Gobierno de Bolivia activó un operativo de cooperación internacional tras la detención de seis suboficiales del Ejército de Chile y un civil, acusados de tráfico de drogas desde Bolivia hacia Chile. 

La aprehensión fue ejecutada por Carabineros del OS-7 y la Fiscalía de Tarapacá, quienes desmantelaron una presunta organización criminal que trasladó casi 200 kilos de cocaína valuada en más de 3 millones de pesos chilenos.

En respuesta inmediata, el Ministerio de Gobierno de Bolivia instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a coordinar el cruce de información con sus pares chilenos, con el objetivo de esclarecer el origen de la droga, su destino final y el modus operandi de esta red transnacional.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos, dijo que se ha instruido establecer una coordinación directa con la policía chilena para determinar las circunstancias, rutas y conexiones detrás de este cargamento. 

Según las autoridades chilenas, el operativo se originó a partir de una denuncia interna del propio Ejército chileno, que reportó movimientos sospechosos e irregularidades en los controles de personal en la zona norte de ese país. La investigación permitió montar un seguimiento que culminó con la interceptación del convoy en Colchane, cerca de la frontera con Bolivia.

La droga, que habría sido almacenada previamente en Iquique, tenía como destino final la región metropolitana de Santiago, donde se presume que iba a ser distribuida. Tres vehículos utilizados en el transporte también fueron incautados, con un valor total estimado en 40 millones de pesos chilenos.

Por su parte, Bolivia ha expresado su compromiso de cooperación plena en el esclarecimiento del caso y en la lucha contra el narcotráfico transnacional. Las autoridades no descartan que el cargamento tenga nexos con organizaciones criminales asentadas en la región del Chapare o el norte de Potosí, y las investigaciones apuntan ahora a identificar a los proveedores bolivianos.

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