La Comisión de Constitución del Congreso del Perú, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, ratificó la cuestionada Ley de Amnistía que plantea que las personas sin sentencia firme o con procesos abiertos por presuntas violaciones de derechos humanos puedan beneficiarse de la amnistía. La única excepción son los procesados por delitos de terrorismo o corrupción.
La mencionada ley contó con 16 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, además incluye a sentenciados de la tercera edad, lo que beneficiaría a exjefes militares con condenas por casos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Durante el debate en el Pleno, el congresista Jorge Montoya reconoció que hubo excesos por parte de los militares y policías, pero se justificó indicando que no se han registrado asesinatos sistemáticos.
“La sociedad tiene una deuda con sus Fuerzas Armadas que la debe cumplir mediante esta Ley de Amnistía, que les permitirá vivir tranquilos el resto de vida a los que están siendo acusados”, declaró.
Por su parte, el congresista Isaac Mita se mostró en contra, indicando que estar en contra de la Ley de Amnistía no significaba estar en contra del Ejército Peruano.
“Con qué moral podemos decir que combatiremos el tema de la inseguridad ciudadana, si perdonamos a aquellos que cometen excesos y asesinatos. Esta amnistía está encubriendo crímenes de lesa humanidad”, precisó.
A través de un comunicado publicado en X, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú rechazó la reciente Ley de Amnistía aprobada por el Congreso.
Bajo el título “La impunidad no oculta el delito, lo agiganta”, la entidad advirtió que la norma podría favorecer a efectivos policiales y militares sentenciados por violaciones graves a los derechos humanos.
Según precisaron, más de 150 casos con fallo firme y cerca de 600 procesos por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas estarían en riesgo de quedar impunes.
