El Superior Tribunal Militar (STM) de Brasil defendió este lunes la legalidad del proceso que cursa en la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó las “descabelladas e inéditas intromisiones extranjeras” en el caso.
El pronunciamiento del máximo tribunal militar de Brasil se da tras las amenazas hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre gravar todos los productos brasileños en un 50 % por supuestos desequilibrios comerciales y por lo que calificó de “caza de brujas” contra el líder de la ultraderecha brasileña.
En una nota firmada por la presidenta del Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, la institución respaldó el contenido de un comunicado divulgado el lunes por el presidente de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, sobre la “absoluta transparencia” del juicio en que Bolsonaro es acusado de planificar un golpe de Estado.
“La realidad que vive la sociedad brasileña, así como situaciones de tensión provocadas por descabelladas e inéditas intromisiones extranjeras, demandan una posición firme y valiente del Poder Judicial”, dice el STM.
Rocha sostuvo que la justicia tiene el deber constitucional de “proteger la soberanía nacional”, el “pleno funcionamiento de la democracia” y la “inviolabilidad de los derechos fundamentales” de la sociedad brasileña.
En su comunicado, el presidente de la Corte Suprema también evitó mencionar explícitamente a Trump, pero aseguró que en Brasil “solo se reprime lo que constituye delito” y que “no se persigue a nadie”, como el líder republicano sostiene que ocurre con Bolsonaro.
Según el magistrado Barroso, ese proceso se apoya en “indicios serios de delitos” y en los autos hay “confesiones, audios, vídeos, textos” y otros elementos que buscan “documentar los hechos”.
En el texto, el presidente del Supremo aseguró que el tribunal “juzgará con independencia y con base en las pruebas. Si las hay, los culpables serán responsabilizados. Si no las hay, serán absueltos”.
Cabe mencionar que en este proceso, Bolsonaro y una treintena de antiguos colaboradores, muchos de ellos militares, están acusados de haber participado en una conspiración que tenía el objetivo de mantenerlo en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.
