El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Iquique contra siete funcionarios en servicio activo del Ejército de Chile, un exmilitar y un civil, acusados de participar en una red de tráfico de drogas y asociación ilícita para delinquir. La acción judicial también se dirige contra todos quienes resulten responsables en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público.
Según la querella, los imputados conformaban una organización dedicada a realizar múltiples operaciones de tráfico de drogas, introduciendo estupefacientes desde Bolivia a través de pasos fronterizos de la región de Tarapacá. Para ello, utilizaban vehículos especialmente acondicionados y adquiridos por la red, con el fin de evadir los controles de aduanas.
Parte del modus operandi incluía el uso de vehículos escoltas —bajo la modalidad conocida como “punta de lanza”— para trasladar la droga desde la frontera hasta la Región Metropolitana, pasando previamente por centros de acopio en Alto Hospicio.
Los imputados, según el CDE, pertenecían a la dotación de la Segunda Unidad Acorazada “Cazadores”, ubicada en el Regimiento Baquedano en las cercanías de Huara. Desde sus funciones de resguardo fronterizo y control migratorio en sectores como Colchane, accedían a información estratégica sobre la geografía de la zona y los operativos de control, lo que facilitó el ingreso y traslado de la droga.
El CDE calificó los hechos como “de la mayor gravedad”, ya que se trata de funcionarios públicos que habrían cometido delitos aprovechando sus cargos y funciones. La entidad subrayó que no se descarta que en el curso de la investigación puedan acreditarse otros ilícitos.
