El debate sobre el voto obligatorio y la participación de extranjeros en las elecciones en Chile se ha intensificado, luego de que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fijara una postura clara: si no existe voluntad para modificar las reglas del sufragio extranjero, entonces no deberían realizarse cambios en absoluto. Esto implicaría mantener el actual sistema de voto obligatorio sin aplicar multas por no votar.
Actualmente, dos proyectos se encuentran en discusión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Uno, originado en el Senado, propone multar a todos los votantes, incluyendo a los extranjeros residentes. El otro, impulsado por la diputada Joanna Pérez, establece sanciones solo para ciudadanos chilenos. Esta última iniciativa ya fue aprobada por la Cámara Baja y contempla multas entre $33.000 y $210.000.
El Ejecutivo, sin embargo, ha expresado su preocupación por el peso del voto extranjero en los comicios, especialmente por el eventual “voto castigo” proveniente de comunidades migrantes como la venezolana.
El ministro Elizalde calificó como una “singularidad mundial” que en Chile los extranjeros puedan votar en todas las elecciones, incluidas las presidenciales, tras solo cinco años de residencia. Por ello, planteó aplicar un principio de “reciprocidad”, permitiendo el sufragio solo a nacionales de países que otorguen derechos similares a los chilenos residentes en el exterior.
“En Perú, Colombia o Venezuela los chilenos no pueden votar por el presidente. ¿Por qué entonces sus ciudadanos deberían elegir al nuestro?”, cuestionó Elizalde, reforzando la posición del Ejecutivo de restringir este derecho en el futuro.
No obstante, el Servicio Electoral (Servel) ha advertido que modificar el padrón electoral a estas alturas del proceso es inviable, por lo que cualquier cambio en materia de voto extranjero o multas debería aplicarse en futuras elecciones. El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, diputado Rubén Oyarzo, instó al gobierno a presentar indicaciones y a definir con claridad su postura, dado el corto plazo para resolver el tema.
En medio del debate, se ha producido un giro político: mientras el oficialismo —tradicionalmente más abierto a la migración— busca limitar el voto extranjero, sectores de oposición, antes críticos de la migración, abogan ahora por mantener esos derechos para las comunidades migrantes residentes en Chile.
