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Congreso aprueba ley que endurece sanciones por robo, hurto y receptación de cables

Con 116 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que aumenta las penas para los delitos de robo, hurto y receptación de cables, incluyendo los de telecomunicaciones. La norma también contempla modificaciones a la Ordenanza de Aduanas para combatir el contrabando.

El texto, originado en una moción del Senado, fue ampliado por la Cámara, lo que llevó a la conformación de una comisión mixta tras el rechazo de estas modificaciones. Finalmente, se acordó reponer el término “telecomunicaciones” y aumentar las sanciones, sumando agravantes y cambios propuestos por la Cámara.

Durante la discusión, el diputado Renzo Trisotti advirtió que el robo de cables está vinculado a redes de crimen organizado, por lo que llamó a una mayor fiscalización por parte de los ministerios de Energía y Medioambiente, así como de Aduanas. En la misma línea, Daniel Manouchehri enfatizó que esta legislación busca marcar un límite frente al avance de las mafias.

Los diputados Víctor Pino, Carolina Tello y Andrés Longton coincidieron en que el proyecto, aunque valioso, es solo un primer paso. Tello advirtió que regiones como Coquimbo viven una emergencia por estos delitos, mientras Longton destacó el acuerdo logrado en la comisión mixta y la importancia de cortar la cadena de suministro ilícito.

Entre los principales cambios al Código Penal se establece:

  • Penas más altas si el delito provoca la interrupción de servicios públicos o domiciliarios.
  • Agravantes para quienes simulen ser trabajadores de empresas proveedoras de servicios o usen información privilegiada para cometer el delito.
  • Penas de presidio mayor en su grado mínimo (5 a 10 años) si se afecta a una gran cantidad de usuarios.

Además, se modifica el artículo 485 para sancionar con mayor severidad los daños que superen las 40 UTM y provoquen cortes de servicios como electricidad, gas, agua o telecomunicaciones.

En el ámbito aduanero, se castiga con mayor dureza la falsificación de certificados de origen de mercancías y a funcionarios públicos que faciliten el contrabando.

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