La Cámara de Diputadas y Diputados revisó este martes la solicitud del Presidente de la República para extender por 90 días el Decreto Supremo N°78, que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esta medida, vigente desde febrero de 2023, busca reforzar el control migratorio y prevenir delitos en pasos no habilitados.
Desde su implementación, se han ejecutado más de 40 mil operativos con un promedio diario de 562 efectivos. La región de Tarapacá lidera las cifras, concentrando el 76,6 % de los controles a personas, lo que equivale a más de 419 mil fiscalizaciones. También se han registrado 1.015 detenciones, principalmente por delitos.
Durante el debate, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la eficacia de la medida, destacando una reducción del 34,2 % en ingresos irregulares a nivel nacional en 2025, y un descenso del 23,3 % en Colchane.
Además, las reconducciones de migrantes aumentaron un 27,5 %. Elizalde planteó que podría discutirse convertir este despliegue en una política permanente y llamó a actualizar el marco legal para evitar la influencia del crimen organizado en estas operaciones.
Sin embargo, el debate mostró posturas encontradas. El diputado por Tarapacá, Renzo Trisotti (Republicanos), apoyó la prórroga pero criticó duramente la falta de efectividad en las expulsiones. “Esto no es un control fronterizo real. Es contener como se puede una crisis que el Estado ha decidido tolerar. Si no hay reconducción ni expulsiones efectivas, la frontera está quebrada”, advirtió.
Desde el otro extremo, el diputado Matías Ramírez (PC) alertó sobre los riesgos de utilizar militares en estas tareas. “Entregar a las Fuerzas Armadas la misión de resguardar la frontera es exponerlas a la cooptación del narcotráfico. Ya hemos visto casos en el Ejército y la FACH vinculados a redes ilegales en el norte del país”, sostuvo. Añadió que la solución pasa por fortalecer la inteligencia, la investigación y los controles institucionales.
Pese a las diferencias, el Ejecutivo reiteró que la medida ha permitido mejorar la presencia estatal en zonas históricamente desprotegidas y controlar de forma más efectiva la migración irregular. No obstante, reconoció que aún se deben intensificar los esfuerzos para alcanzar resultados sostenibles en el tiempo.
