La golondrina de mar negra (Hydrobates markhami), pequeña ave marina que anida en el desierto de Atacama, se encuentra en peligro debido al avance de vertederos ilegales, especialmente de ropa usada, en sectores clave para su reproducción.
Esta especie, que nidifica en cavidades naturales entre el sur de Perú y la región de Antofagasta, está catalogada como “En Peligro” por el Ministerio del Medio Ambiente y forma parte del plan RECOGE para su conservación.
Entre las principales amenazas para estas aves figuran la destrucción de nidos por proyectos energéticos, colisiones con tendidos eléctricos y torres eólicas, y la atracción de volantones hacia fuentes de luz artificial. A ello se suma una amenaza silenciosa pero creciente: la acumulación de basura, que bloquea cavidades utilizadas como nidos, dispersa microplásticos y atrae especies invasoras como perros, gatos y roedores, que depredan sobre adultos y crías.
Uno de los puntos más críticos es la zona de Caleta Buena, en las afueras de Alto Hospicio, donde se han detectado enormes vertederos textiles ilegales, conocidos como “cementerios de ropa”. Según la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), estos basurales ya afectan directamente los nidos de la golondrina de mar, cubriéndolos y obstruyéndolos con prendas arrastradas por el viento.
“Además del bloqueo de nidos, la basura atrae animales exóticos que aumentan la presión sobre esta especie en peligro”, advirtió Pablo Gutiérrez Maier, médico veterinario e integrante del Programa de Conservación del Norte Grande de la ROC.
Chile es uno de los mayores receptores de residuos textiles del mundo. Según el Ministerio del Medio Ambiente, el consumo textil en el país alcanza los 32 kilos por persona al año, lo que genera más de 572 mil toneladas de desechos cada año. Mucha de esta ropa llega desde Estados Unidos, China y Europa, descartada por desperfectos, cambios de temporada o evasión de costos.
Frente a este escenario, desde el gobierno se busca incluir al textil como producto prioritario bajo la Ley REP 20.920, lo que obligaría a los productores a hacerse cargo del reciclaje y valorización de un porcentaje definido de sus productos.
Sin embargo, desde organizaciones como la ROC señalan que también se requiere mayor fiscalización, conciencia ambiental y una acción coordinada entre autoridades y comunidades.
