El Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional y la firma mensual para los cinco integrantes de una organización dedicada al loteo de terrenos irregulares de la Toma La Mula de Alto Hospicio, quienes incurrían en cobros de gastos comunes, extorsiones, agresiones físicas y desalojos violentos.
La Fiscalía Local de Alto Hospicio solicitó la prisión preventiva de todos los imputados. Sin embargo, la petición no fue acogida por el tribunal, por lo que el Ministerio Público apeló y la Corte de Apelaciones de Iquique deberá definir la medida.
El tribunal consideró insuficientes las declaraciones de las víctimas para acreditar los hechos y fijó las cautelares. Sin embargo, el Ministerio Público apeló verbalmente, por lo que será la Corte de Apelaciones de Iquique la que definirá la medida cautelar definitiva. El plazo de investigación se fijó en 120 días.
Durante la audiencia de formalización, la fiscal jefa de Alto Hospicio Jocelyn Pacheco expuso que entre 2020 y 2023, la imputada R.A.D.M., de nacionalidad chilena, lideró un falso comité de vivienda junto a M.A.B.F. y W.L.C.B. (de nacionalidad peruana) y M.A.M.C. (chilena), quienes operaban como directiva.
Los acusados contaban con el respaldo de C.A.S.D.N. (brasileño) y M.A.M.M. (chileno, aún prófugo), quienes ejercían funciones de seguridad e intimidación. A las víctimas, todas personas en situación de vulnerabilidad, se les vendían terrenos por montos entre $100.000 y $400.000, más pagos periódicos por supuestos servicios como electricidad, cámaras de seguridad, cierres perimetrales y portón de acceso.
En caso de no pagar, los imputados amenazaban a las víctimas, las agredían o directamente las desalojaban de forma violenta, incluso cuando cumplían con lo pactado, para luego revender los terrenos a nuevas víctimas.
En la formalización se presentaron antecedentes clave, como declaraciones de las víctimas, comprobantes de pago, registros fotográficos de daños en viviendas y lesiones, capturas de conversaciones del grupo de WhatsApp del supuesto comité, material audiovisual en que se observan amenazas directas, y peritajes técnicos que indican que los terrenos no son aptos para uso habitacional por riesgos geográficos. Detallando al menos 12 hechos delictivos cometidos contra 14 víctimas, tanto chilenas como extranjeras.
Considerando el riesgo para las víctimas denunciantes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados por delitos de loteo irregular y estafa. Adicionalmente, C.A.S.D.N. fue formalizado por amenazas condicionales, y R.A.D.M. también por daños, lesiones y amenazas.
No obstante, el tribunal consideró insuficientes las declaraciones de las víctimas para acreditar los hechos y fijó como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual, por lo que la fiscal apeló verbalmente y la Corte de Apelaciones de Iquique deberá definir la medida cautelar definitiva.
Banda extorsionaba a compradores de terrenos en toma La Mula y cobraba por gastos comunes
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que los detenidos son dos chilenos y tres extranjeros, quienes se aprovechaban de personas vulnerables y les ofrecían terrenos de 10 por 22 metros para poder realizar sus casas en la toma.
La organización criminal vendía los terrenos sin tener las autorizaciones legales ni ser propietarios y extorsionaban a las víctimas, exigiéndoles pagos por conceptos de luz, agua y gastos comunes por 250 mil y 300 mil pesos en algunos casos.
“En atención a esta investigación, se logra hoy día la detención de cinco personas. Uno de ellos era el líder y quien organiza esta venta de terreno y posteriores cobros, organizaba esta venta de terreno y posteriores cobros irregulares, absolutamente todo, o sea, delictivo, y cuatro personas más que también participaban en esta venta”, comentó.
La persecutora indicó que la figura penal de los delitos “se llama loteos irregulares” y tiene una pena alta de crimen, y por lo tanto, los detenidos serán formalizados y la Fiscalía pedirá la medida cautelar de prisión preventiva.
“Estos son los loteos irregulares, está tipificado en la ley especial. Los delitos, la pena parte en tres años y un día, al ser reiterado, va subiendo en uno, dos o tres grados, según señala la ley, además del delito de amenaza, extorsiones y todo lo que estemos, sigamos analizando”, añadió.
Steinert dijo que los acusados “realizaban todos los actos como si fueran dueños de este terreno y, efectivamente, daban cuenta de que era un condominio y ofrecían luz, agua, electricidad, retiro de basura, y después, si no lo pagaban, efectivamente, empezaban a amenazar los productos del incumplimiento de estas supuestas obligaciones por parte de las víctimas”.
Respecto al inicio de la investigación, la fiscal señaló que la denuncia fue presentada por uno de los afectados al verse vulnerado e intimidado por las extorsiones y amenazas que sufrió tras la compra del terreno y por el incumplimiento de los pagos de servicios que esta organización proponía.
