En la mañana de este jueves, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la detención de cinco integrantes de una organización dedicada al loteo ilegal de terrenos en la toma La Mula de Alto Hospicio.
Los imputados serán puestos a disposición del tribunal para el respectivo control de detención y formalización durante las próximas horas.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que los detenidos son dos chilenos y tres extranjeros, quienes se aprovechaban de personas vulnerables y les ofrecían terrenos de 10 por 22 metros para poder realizar sus casas en la toma.
La organización criminal vendía los terrenos sin tener las autorizaciones legales ni ser propietarios y extorsionaban a las víctimas, exigiéndoles pagos por conceptos de luz, agua y gastos comunes por 250 mil y 300 mil pesos en algunos casos.
“En atención a esta investigación, se logra hoy día la detención de cinco personas. Uno de ellos era el líder y quien organiza esta venta de terreno y posteriores cobros, organizaba esta venta de terreno y posteriores cobros irregulares, absolutamente todo, o sea, delictivo, y cuatro personas más que también participaban en esta venta”, comentó.
La persecutora indicó que la figura penal de los delitos “se llama loteos irregulares” y tiene una pena alta de crimen, y por lo tanto, los detenidos serán formalizados y la Fiscalía pedirá la medida cautelar de prisión preventiva.
“Estos son los loteos irregulares, está tipificado en la ley especial. Los delitos, la pena parte en tres años y un día, al ser reiterado, va subiendo en uno, dos o tres grados, según señala la ley, además del delito de amenaza, extorsiones y todo lo que estemos, sigamos analizando”, añadió.
Steinert dijo que los acusados “realizaban todos los actos como si fueran dueños de este terreno y, efectivamente, daban cuenta de que era un condominio y ofrecían luz, agua, electricidad, retiro de basura, y después, si no lo pagaban, efectivamente, empezaban a amenazar los productos del incumplimiento de estas supuestas obligaciones por parte de las víctimas”.
Respecto al inicio de la investigación, la fiscal señaló que la denuncia fue presentada por uno de los afectados al verse vulnerado e intimidado por las extorsiones y amenazas que sufrió tras la compra del terreno y por el incumplimiento de los pagos de servicios que esta organización proponía.
