El pasado 17 de julio, el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte condenó a la Municipalidad de Pica a pagar una indemnización de más de 20 millones de pesos a la funcionaria Marta Bauman Figueroa, quien interpuso una demanda por tutela laboral y vulneración de derechos.
En el fallo, el magistrado Raúl Santander acogió la demanda de tutela laboral, tras establecer que entre la funcionaria y el municipio “existió una relación laboral que se extendió entre 1 de septiembre de 2017 y el 29 de junio de 2023”.
Asimismo, se determinó que el municipio incurrió en vulneración de derechos fundamentales de la afectada, ocasionando el término de la relación laboral. La sentencia también reconoció su calidad de trabajadora con los mismos derechos que los demás funcionarios municipales, a pesar de ser contratada a “honorarios”.
El abogado demandante, Enzo Morales, indicó que el tribunal acreditó la vulneración de la afectada, puesto que, la funcionaria “denunció actos de corrupción cometidos dentro del municipio, lo que tuvo como consecuencia su persecución, maltrato y finalmente el despido”.
“Es el principio del fin del alcalde Iván Infante, quien en conocimiento de las denuncias de corrupción dentro del municipio, no realizó acciones para proteger el patrimonio municipal ni la dignidad de la trabajadora”, agregó.
Tras la sentencia del tribunal de alzada, la Municipalidad de Pica recurrió a la Corte de Apelaciones de Iquique y el pasado 29 de julio presentó un recurso de nulidad para dejar sin efecto el fallo.
Además, el recurso fue declarado admisible el 4 de agosto, pero aún no hay fecha para la audiencia.
