La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario administrativo en la Dirección de Vialidad de Arica debido a una serie de irregularidades en el actuar de dicho servicio para atender la urgencia por el derrumbe de rocas y materiales que afecta a la Cuesta Cultura Chinchorro en la Ruta 5 Norte.
Así se señala en el oficio N° E135081 de 2025, que da cuenta de la primera parte de la auditoría iniciada. El documento revela que los trabajos de emergencia realizados por el mencionado servicio no contaban con un informe de geotecnia sobre el comportamiento del cerro y que respaldara la solución propuesta.
También se detectó que la instalación de la malla no se ajusta al perfil tipo ni al esquema propuesto por el fabricante. Asimismo, la entidad fiscalizadora evidenció que no se han realizado ensayos de resistencia de los pernos de anclaje o anclajes de cable, lo que supone un alto riesgo de que nuevos deslizamientos provoquen accidentes o nuevos cortes de la ruta.
Más deficiencias
En esta primera parte de la auditoría, la CGR constató otras debilidades administrativas. Entre ellas, que el convenio para trato directo para la ejecución de la obra de emergencia “Conservación Obras por Emergencia Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Cultura Chichorro, Región de Arica y Parinacota”, suscrito el 30 de octubre de 2024, no ha sido aprobado por el acto administrativo correspondiente.
Asimismo, no se han remitido los antecedentes que permitan comprender las razones de la demora para suscribir el contrato en una urgencia. Incluso, se advirtió que el contratista ha ejecutado las obras sin haber recibido ni un pago, situación que eventualmente implica el riesgo de no término del contrato por insolvencia.
De igual forma, se comprobó que la obra para reforzar o reponer la infraestructura vial para la debida conectividad del sector debido a los daños provocados se encuentra sin la identificación presupuestaria respectiva.
De esta forma, el servicio deberá velar por el cumplimiento de su normativa en cuanto al financiamiento y la identificación de las iniciativas que le corresponda ejecutar en el futuro, de manera que el pago de las obras sea coherente con el desarrollo del proyecto y protegiendo el uso de los recursos públicos.
Ante los antecedentes expuestos la Contraloría Regional instruirá un sumario tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas; y el servicio aludido deberá remitir las certificaciones de los ensayos y la documentación que estime pertinente en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe.
