La Contraloría General de la República activó este lunes un inédito operativo de fiscalización dirigido a todos los organismos del Estado, en el marco de una ofensiva contra la corrupción.
Mediante un oficio, el ente encabezado por la contralora Dorothy Pérez ordenó a ministerios, servicios públicos, municipalidades y empresas estatales detallar, en un plazo de 10 días hábiles, las medidas de control interno que han adoptado frente a hechos delictivos ya judicializados.
Las instituciones deberán informar qué mecanismos preventivos, detectivos y correctivos mantienen en funcionamiento, además de entregar antecedentes como las fechas de ocurrencia de los casos, número de implicados, procesos disciplinarios y sanciones aplicadas.
La instrucción surge tras una serie de episodios de corrupción detectados recientemente en distintos puntos del país. Entre ellos, destaca la situación de Tarapacá, donde 13 funcionarios policiales fueron detenidos por cobrar dinero a ciudadanos para omitir controles legales.
Otros casos graves incluyen un funcionario en Calama acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcohol, y otro que utilizó una vivienda fiscal para esconder armas de una banda criminal. En Chillán, un empleado público fue sorprendido por la PDI traficando drogas que debía incinerar.
En Santiago, se han registrado procesos judiciales contra funcionarios acusados de cohecho, asociación ilícita y ejercicio ilegal de funciones públicas. Uno de ellos fue condenado por recibir pagos a cambio de adjudicar obras municipales.
Desde Contraloría recalcaron que el foco del oficio no es únicamente registrar los delitos ya cometidos, sino responder una interrogante mayor: ¿qué se ha hecho para evitar que vuelvan a ocurrir?
Con esta acción, el órgano fiscalizador busca reforzar la transparencia y cerrar los espacios de vulnerabilidad en la administración pública, en medio de un clima de creciente preocupación ciudadana por los hechos de corrupción que han golpeado a distintos niveles del Estado.
