La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto que busca controlar el consumo de drogas en la administración pública (boletines 16.489 y 16.539) y lo despachó al Senado para su segundo trámite legislativo.
La iniciativa, que se aprobó en general en abril, busca resguardar la probidad y la eficiencia en la gestión pública, considerando el nivel de responsabilidad que tienen las autoridades en la conducción del país.
El texto establece que no podrán ser candidatos a Presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes ni concejales quienes tengan dependencia de drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, salvo que su consumo sea justificado por tratamiento médico.
Para inscribir una candidatura, el Servicio Electoral (Servel) exigirá una declaración jurada acompañada de un examen médico basado en muestra de cabello, realizado en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud.
La medida se extiende a las autoridades en ejercicio: Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios, delegados presidenciales regionales y provinciales, además de directores de servicios. Todos ellos deberán someterse a controles al menos una vez al año, cuyos resultados serán públicos y estarán disponibles en los sitios oficiales correspondientes.
Votaciones y debate
El proyecto fue aprobado en dos votaciones: la primera con 115 votos a favor y 17 abstenciones, y la segunda —referida a normas de rango constitucional— con 115 votos a favor y 18 abstenciones.
Durante la discusión, parlamentarios de distintos sectores valoraron la iniciativa como un avance para fortalecer la confianza pública y evitar vínculos entre autoridades y narcotráfico o crimen organizado.
Sin embargo, desde el oficialismo hubo críticas, calificándola de “venta de humo” o “maquillaje”, y planteando que las verdaderas medidas deben apuntar a seguir la ruta del dinero, levantar el secreto bancario y agilizar proyectos en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
También surgieron propuestas para extender la medida a todos los funcionarios públicos y trabajadores que se desempeñen con niños y niñas, además de sancionar el desvío de drogas desde servicios de salud y otras instituciones del Estado.
